Con una clara apuesta por la defensa de los valores universales de igualdad, respecto, diversidad, libertad y no discriminación, la FEMP hace un llamamiento a todos los Gobiernos Locales españoles a que se sumen a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se celebra este miércoles 28 de junio.
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el pasado 30 de mayo una Declaración que pone de manifiesto el compromiso de los Gobiernos Locales y su papel a la hora de garantizar la igualdad efectiva de todas las personas, con independencia de su orientación sexual e identidad de género y que tiene como finalidad visibilizar valores universales tales como la igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad y la no discriminación.
Desde esta Federación se anima a todas las Corporaciones Locales a que hagan suya dicha Declaración, a través de sus Plenos o de manifestaciones públicas, y clamen por un futuro en igualdad y exento de discriminación.
El texto redactado por la FEMP, de cara al 28 de junio, reconoce la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación, a través de programas y proyectos de atención, información, formación y sensibilización “que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual”.
Además, reafirma su compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las personas, “reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven”.
En este sentido, la FEMP manifiesta su“preocupación y condena” ante el aumento de número de agresiones hacia personas LGTBI en nuestro país y expresa la intención de trabajar desde el ámbito local “para responder adecuadamente a esta situación, especialmente mediante la información y formación de la Policía Local”.
La FEMP afirma que “las políticas de igualdad no son posibles sin los Ayuntamientos” y reivindicala necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, “asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades”.
