El Gobierno de Talavera ha aprobado un gasto de 150.000 euros para pagar al abogado y al procurador que defiendan los intereses del Ayuntamiento en el pleito abierto tras la denuncia cursada por la concesionaria saliente del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos, Eborabús.
Carísima minuta la prevista, según han valorado los portavoces de la Oposición, de la que 125.000 euros serán para el letrado y 25.000 para el representante jurídico de la institución.
Cabe señalar que esta partida, que saldrá de una modificación presupuestaria aprobada hoy sólo con los 13 votos del equipo de gobierno, se llevó a la Junta de Gobierno Local este miércoles, no se dio a conocer a los medios de comunicación en la posterior rueda de prensa y ha trascendido a la opinión pública por la Oposición en el Pleno ordinario de hoy jueves, algo que ha aireado y lamentado el portavoz socialista José Gutiérrez.
Durante las intervenciones se ha sabido que ni procurador ni abogado son de Talavera.
“El mejor” gabinete jurídico
El concejal de Hacienda, Arturo Castillo, ha dicho confiar en el gabinete jurídico elegido, “es el mejor”, invitando a los que quieran saber su nombre a que lo pregunten en las oficinas municipales pertinentes.
Asimismo, ha justificado esa partida a través de modificación crediticia “porque no sabíamos que Eborabús iba a recurrir la adjudicación” cuando se confeccionaron los presupuestos de 2018.
Sobre las dudas en la bancada contraria sobre si habría más facturas pendientes con Eborabús, además de una de 45.000 euros que también ha sido incluida hoy en la citada modificación, el edil de Hacienda ha significado que “no habrá más” y que esta correspondía a la liquidación del año pasado de la parte compensatoria que asume el Ayuntamiento desde 2011 para que la concesionaria no subiera el billete al usuario.
