Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con los votos de PP y Podemos, que el Gobierno regional no despida a ningún interino como consecuencia de la aplicación de la Oferta Pública de Empleo de 2016, que ofertó 464 plazas y que está en proceso de adjudicación de las mismas.
Con motivo de este debate general, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el 51 por ciento de los opositores que han obtenido plaza de funcionario en este proceso son interinos que ya están trabajando para la administración regional.
Además, ha recalcado que ninguna de las 464 plazas -274 para funcionarios y el resto para personal laboral- quedará sin cubrir, pues ha señalado que si alguna plaza no ha sido adjudicada o si el titular de la plaza renuncia, por ejemplo por solicitar comisión de servicio en otro destino, se cubrirá con interinos.
En concreto, Ruiz Molina ha explicado que, de esta oferta, se han cubierto el 94 por ciento de las plazas convocadas para el personal funcionario y el 93 por ciento de las destinadas a personal laboral.
En relación a las plazas de personal funcionario, el 93 por ciento de los aspirantes que superaron las pruebas eran de Castilla-La Mancha, y de ellos, el 51 por ciento son interinos de la Administración de la Junta de Comunidades.
Plazas de funcionarios y laboral
Además, ha recalcado que las plazas de personal funcionario y laboral que se han ofertado en el proceso de adjudicación son todas las plazas dotadas presupuestariamente en la Junta, es decir, todas aquellas plazas vacantes recogidas en el anexo del Personal de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2018.
También, ha señalado que la Oferta de Empleo Público de 2016 se enmarca en el Plan de Impulso a los Servicios Públicos, promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que permitirá sacar a oferta de empleo público más de 11.800 plazas de la Administración regional en esta legislatura.
En esta cifra, ha incluido las que se convocarán en la OPE de 2018 y, en este sentido, ha anunciado que ha convocado la semana que viene a la Mesa Sectorial de Personal Funcionario y a la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral para definir dicha OPE en el ámbito de la Administración General.
Esta propuesta, se elevará a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Junta, junto a las que se aprueben en las mesas sectoriales correspondientes al personal docente y sanitario, para su visto bueno y remisión al Consejo de Gobierno, que deberá aprobar de manera definitiva la Oferta de Empleo Público de 2018.
Las 35 horas
Sin embargo, el diputado del PP, Lorenzo Robisco, ha acusado al Gobierno regional de haber engañado a los empleados públicos, pues ha indicado que no se han cumplido algunos de los compromisos electorales, como la recuperación de las 35 horas semanales.
En cuanto a los interinos, Robisco ha mostrado la disposición de su grupo a apoyar la resolución de Podemos, para que no se despida a ningún interno por las oposiciones de 2016, y le ha encargado al portavoz de la formación morada en las Cortes, David Llorente, que se encargue de que el Gobierno regional cumpla lo aprobado en el Parlamento.
Por su parte, Llorente ha pedido, además de lo recogido en su propuesta de resolución, que el Gobierno regional no confunda en las plazas ofertadas las que se tienen que cubrir por la tasa de reposición con las que tienen que ver con el acuerdo para la consolidación de empleo público, pues ha denunciado que el Gobierno regional está “poniendo una donde había dos”.
Llorente ha recordado que los interinos se manifestaron durante la pasada Legislatura por el despido de miles de ellos, una situación que ha lamentado que se repite en esta Legislatura ante el posible despido de los interinos que estaban cubriendo las plazas que han salido a oposición, ante lo que ha apostillado: “Vivir para ver. Ver para creer”.
Sin embargo, el diputado socialista Fernando Mora ha alertado de que si se cumple la resolución presentada por Podemos sería prevaricación, ya que no respeta la legalidad vigente, si bien ha insistido en que el Gobierno regional apuesta por la consolidación del empleo público, respetando las leyes.
