Hoy martes ha entrado en vigor el Decreto del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia y el Derecho de Acceso a los Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que beneficiará a todas las personas que soliciten un trámite de dependencia.
A partir de hoy, se simplifican los trámites y la documentación a aportar para la valoración de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA). En el Decreto del 2013 la persona que solicitaba el reconocimiento de la situación de dependencia tenía que aportar como documentación, DNI, certificado de empadronamiento, declaración del IRPF, certificado de pensiones, declaración responsable de disposiciones patrimoniales, documento de compromisos del cuidador familiar, informe de salud, y el informe Social, este último era necesario aún sin saber si la persona iba a tener reconocimiento formal de su situación de dependencia.
Ahora, la persona solicitante sólo tiene que presentar su solicitud junto con el informe de salud que elabora el médico de atención primaria. El resto de documentos se solicitarán de oficio por la administración, si no se opone a la comprobación de sus datos.
En 2018 se atendió a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases (solicitudes, valoraciones, PIAS, revisiones de grado y revisiones de PIA).
Menores de seis años
El Decreto introduce un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años, por el que se les da prioridad en la tramitación y se reduce el plazo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses. Se trata de una novedad única en el conjunto del país, ya que en otras comunidades autónomas se aplica hasta los tres años de edad y en Castilla-La Mancha se amplía hasta los seis años. Además, los niños y niñas de entre 0 y 6 años de la región también tendrán un profesional de referencia a su lado para todo el proceso.
Asimismo, se regula por primera vez el mínimo de las cuantías de las tres prestaciones económicas, estableciéndose una cuantía mínima para la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) del 33 por ciento del máximo que le corresponde a la persona según su grado de dependencia, o del 10 por ciento del coste del servicio para las Prestaciones Vinculadas al Servicio y de Asistencia Personal.
Además, dentro de seis meses entrará en vigor la compatibilidad del Centro de Día con el 50 por ciento de la PECEF para personas con discapacidad y en situación de dependencia con grado 3, así como el incremento de la Prestación Económica de Atención Residencial para personas en situación de dependencia con Grado 2 que estén en lista de espera de una plaza pública.Cabe destacar que todas estas mejoras corren a cargo de la Comunidad Autónoma con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno regional de dar seguridad a las personas en situación de dependencia, a las familias y al Sistema de Dependencia.
Eliminación plazos mínimos
Además de estas medidas también se eliminan los plazos mínimos para la revisión de la dependencia y solo se necesitará un informe que justifique la nueva situación sanitaria o social, mientras que en el Decreto de 2013 introdujo un plazo de tres años para solicitar una revisión de grado y de dos años para solicitar una revisión del Plan Individual deAtención.
La aprobación de este Decreto, que sustituye el contenido del Decreto 26/2013, completa el abanico normativo en materia de Dependencia ya iniciado por parte del Gobierno del presidente Emiliano García-Page con la aprobación del Catálogo de Servicios y Prestaciones de 2016, que también regula la intensidad y el régimen de compatibilidades y que vino a cubrir un vacío normativo provocado por la anulación del Tribunal Superior de Justicia de la Orden de 2013 que lo regulaba.
