La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado este martes que el Gobierno regional se ofrece a pagar los gastos de la vuelta de los jóvenes castellanomanchegos afectados por abusos laborales por parte de empresas de trabajo temporal en Holanda que les hacen firmar contratos engañosos con sueldos míseros y alojamientos inadecuados.
En declaraciones a los medios de comunicación, Franco ha señalado que el Ejecutivo regional está pendiente de establecer contacto con ellos y que todavía desconoce cuántos afectados hay de la región más allá de las dos personas -una de Tomelloso y otra de Ciudad Real- que han hecho declaraciones públicas denunciando la situación en la que se encuentran.
Por tanto, la consejera ha indicado que el Gobierno autonómico está intentando, a través de la oficina del grupo parlamentario socialista en Europa, localizar a los jóvenes afectados y ha hecho un llamamiento para que también lo hagan a la inversa y se pongan ellos en contacto con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
En concreto, ha explicado que el departamento que dirige se ofrece a pagar los gastos de retorno a aquellas personas que no puedan cubrir la vuelta a España, además de ponerles a su disposición todo el servicio de intermediación de las oficinas Emplea para ayudarles a hacer el itinerario de vuelta y la formación necesaria para poder encontrar un trabajo en España.
“Cubrir los gastos”
“Habrá personas que a lo mejor a pesar de la mala experiencia no quieran retornar pero para aquellos que quieran retornar vamos a ofrecerles la posibilidad de cubrir los gastos si no tienen recursos suficientes para ello”, ha resaltado.
Además, Patricia Franco ha incidido en que el Gobierno regional también está trabajando con el grupo parlamentario socialista europeo para que la Comisión Europea “fije posición” ante la situación denunciada.
Según la titular de Economía, Empresas y Empleo, se está produciendo una “vulneración del derecho de libertad de movimiento de los trabajadores afectados”, ante lo cual ha considerado que “hay que tomar medidas que regularicen la libertad de movimiento como consta en los derechos de los trabajadores de la UE”, ha concluido.
