Las Cortes regionales han aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios -PP, PSOE y Podemos- el proyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, que incorpora nuevos contenidos como la pobreza energética y la vulnerabilidad económica, así como medidas para combatir la obsolescencia programada.
Una norma compuesta por 163 artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales y que tiene como fin principal la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en un marco de consumo y regulación económica “eficientes”.
Así lo ha destacado durante su intervención en el pleno celebrado este jueves el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha añadido que, además, pone el acento en la defensa de los intereses colectivos y de las personas más vulnerables.
Recuperar políticas de consumo
Asimismo, ha indicado que entre sus principales objetivos están recuperar políticas públicas de consumo en la región, adecuar la estructura administrativa para gestionar las competencias atribuidas en el texto, disponer de un marco jurídico con vocación de futuro, promover un enfoque sociaoambiental y potenciar la participación ciudadana.
Ha explicado que a las personas consumidoras se les reconoce el derecho a la protección frente a los riesgos que puedan comprometer la salud o seguridad, así como a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular, frente a situaciones de desequilibrio como las prácticas comerciales desleales o abusivas o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
