El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas de manera prioritaria a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II), con un montante total de 17 millones de euros.
En rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno aprobados esta semana, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha señalado que esta cantidad permitirá la realización de aproximadamente 344 cursos que beneficiarían a unas 5.400 personas desempleadas de la región.
Tendrán prioridad en el acceso a cursos formativos las mujeres; las personas desempleadas de larga duración; trabajadores y trabajadoras poco cualificados; mayores de 55 años; jóvenes, especialmente aquellos que hayan abandonado de forma temprana el sistema educativo; personas con riesgo de exclusión social; personas con necesidades formativas especiales, y afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.
El portavoz ha explicado que las personas que soliciten participar en alguna de estas acciones deberán estar inscritas como demandantes de empleo en una de las oficinas de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo al inicio del curso formativo, “requisito que no será necesario en el caso de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, ha indicado.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria deberán finalizar, como máximo, el 30 de septiembre de 2020.
El incremento del SMI en los planes de empleo
También en materia de empleo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Decreto por el que el Gobierno regional asume el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las contrataciones correspondientes a proyectos del Plan de Empleo 2018 que se estén ejecutando desde el 1 de enero de 2019.
El Ejecutivo autonómico contribuye así a sufragar el sobrecoste sobrevenido como consecuencia de esta subida aprobada por el Gobierno de España y a la que deben hacer frente los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro con contratos activos del Plan de Empleo a partir de esa fecha.
En total, se destinan a este Decreto cerca de 6,2 millones de euros, que se distribuirán provincialmente atendiendo al número de contratos activos a partir del 1 de enero de 2019, y de los que 2,4 son fondos provenientes de las cuatro diputaciones provinciales que participan en dicho Plan, ya que, según ha recordado Hernando, la de Cuenca no colabora en el sostenimiento del mismo.
