El Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en su reunión de este lunes, ha comunicado el alcance de las sentencias del Tribunal Supremo que anulan varios artículos del Plan del Tajo, si bien ha indicado que habrá que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre la solicitud de aclaración de sentencia solicitada por distintos recurrentes.
El Consejo del Agua de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo ha mantenido una reunión este lunes para informar a los vocales de este órgano, sobre el estado de los indicadores en las Unidades Territoriales de Escasez y Sequía definidas en la Demarcación.
Este doble sistema de indicadores y umbrales permite, por un lado, diagnosticar la sequía prolongada -disminución intensa y prolongada de precipitaciones y aportaciones en régimen natural- y, por otro, la escasez coyuntural de agua para atender las demandas de los usos socioeconómicos en la cuenca y en función de cada escenario, proponer medidas para prevenir o minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales derivados de este fenómeno.
Además, en la sesión del Consejo del Agua se ha informado sobre el proceso de revisión de la planificación hidrológica en la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en particular se ha comunicado el alcance y los efectos de las Sentencias del Tribunal Supremo sobre los diferentes recursos planteados contra el Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, si bien ha indicado que todavía habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la solicitud de aclaración de sentencia solicitada por los distintos recurrentes.
Proceso de revisión
Por último, se ha informado al Consejo del Agua de la Demarcación sobre el estado del proceso de revisión de la normativa de aguas “Fitness check-DMA”, puesto en marcha por la Comisión Europea.
El Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo es el máximo órgano de planificación y participación, y está formado por 75 miembros, que representan a las Administraciones Públicas competentes, como el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a los usuarios, así como a organizaciones y asociaciones que defienden intereses ambientales, económicos y sociales.
