Más de 600 pueblos de Castilla-La Mancha están en riesgo serio de despoblamiento por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y el principal problema que ello acarrea es la financiación de los servicios públicos, cuyo sobrecoste es “descomunal”.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha reunido este jueves con representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) para empezar a desarrollar el Acuerdo por el Crecimiento y la Convergencia suscrito al principio de la legislatura, una de cuyas partes es la referida a establecer medidas contra el despoblamiento.
En declaraciones a los periodistas, Martínez Guijarro ha explicado que la próxima semana continuarán las reuniones con la Federación de Municipios y Provincias (Femp) y con los grupos de desarrollo rural, de manera que se pueda firmar próximamente un Pacto contra el Despoblamiento.
Se van a crear grupos de trabajo para diseñar una estrategia con medidas para el medio y el largo plazo, y al tiempo, se está preparando una ley de desarrollo rural territorial y lucha contra el despoblamiento que regule aquellas cuestiones que así lo precisen.
La previsión es que se pueda suscribir el Pacto contra la Despoblación antes de que termine este año y que la ley pudiera estar operativa en 2021.
Martínez Guijarro ha explicado que la Unión Europea marca que los territorios que están en riesgo serio de despoblamiento son aquellos que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y en esa situación hay más de 600 municipios de Castilla-La Mancha
Son básicamente pueblos de menos de 2.000 habitantes y en Castilla-La Mancha, ha advertido, hay comarcas enteras con municipios que no superan los quinientos.
Uno de los principales problemas que acarrea que los pueblos se vacíen y que habrá que resolver, ha dicho, es la financiación de los servicios públicos que se prestan, tanto la sanidad, educación y servicios sociales como el alumbrado público, el suministro de agua o la recogida de residuos.
Son servicios que tienen “un sobrecoste descomunal” en estos territorios con respecto a los municipios grandes.
“Coste que debe de asumir el Estado”
“Esto es lo que hay que poner encima de la mesa”, ha afirmado Martínez Guijarro, quien ha añadido que se trata de “un coste que tiene que asumir la Administración del Estado”, y por tanto, se tiene que contemplar en la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Para que la gente se decida a vivir en el medio rural es imprescindible que haya actividad económica y empleo estable, unos servicios equiparables a los de las zonas urbanas e infraestructuras tanto viarias como, sobre todo, de telecomunicaciones.
“Que la fibra óptica se extienda de manera más capilar por todo el territorio nacional es clave para el mantenimiento de la población”, ha apuntado.
Mucha gente, ha dicho el vicepresidente, toma la decisión de irse del pueblo por las dificultades de acceder al ocio “normal y convencional de una familia, que está muy relacionado con el uso de la tecnología.
“En cualquier familia es normal que los hijos con las tablets accedan a ver series y vídeos, y que la gente quiera seguir la liga de fútbol desde las distintas plataformas”, sin embargo, esto es “prácticamente imposible en muchas comarcas sencillamente porque no hay fibra óptica y por ello estas plataformas no están operativas”.
“Muchas veces, familias con empleo, viviendo en sitios con buenos servicios públicos, acaben decidiendo marcharse a las cabeceras de comarca o las capitales de provincia a vivir” y desde allí desplazarse a trabajar a los pueblos, ha comentado.
El vicepresidente ha explicado que el pacto se abrirá a las asociaciones y organizaciones que se quieran adherir y, en este sentido ha precisado que será fundamental la adhesión de las cinco diputaciones provinciales, que están dispuestas a colaborar en las medidas que se acuerden.
“Necesitamos que haya un gran acuerdo político y social porque la lucha contra el despoblamiento la van a tener que llevar a cabo sucesivos gobiernos en distintas instituciones porque el largo plazo va más allá de una o dos legislaturas”, ha explicado.
