El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando ya en la elaboración de la futura ley de Desarrollo Rural, Territorial y Contra el Despoblamiento, con la que se pretende garantizar la prestación de los servicios básicos y oportunidades en el medio rural, y ha confiado en que pueda estar operativa en 2021.
Así lo ha avanzado el comisionado para el reto demográfico de la Junta, Jesús Alique, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa previa a su comparecencia en la Comisión de estudio para alcanzar un pacto sobre despoblación, que se celebra este martes en las Cortes regionales.
Una norma cuya redacción ya ha comenzado, una vez que ha finalizado el periodo de consulta pública, y que, como ha explicado Alique, se centra en tres objetivos: garantizar los servicios básicos de calidad y el adecuado acceso a los mismos, generar actividad económica que dé empleo y mejorar la dotación de infraestructuras, especialmente relacionadas con la movilidad.
Intenet
El comisionado para el reto demográfico ha destacado que la digitalización es “la gran oportunidad para innovar en el ámbito rural”, por lo que ha abogado por garantizar la conexión universal a Internet, así como por poner en marcha medidas de simplificación administrativas y mecanismos de discriminación positiva y de carácter fiscal.
Alique ha señalado también que “en las próximas semanas” se va a proceder a la firma del Pacto contra la despoblación con los agentes económicos y sociales, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha y los grupos acción local, que tiene el fin de avanzar hacia una estrategia regional para frenar pérdida de población en la comunidad autónoma.
Una estrategia frente al reto demográfico que sirva para paliar el envejecimiento y la dispersión territorial y cuya finalidad, ha matizado, “no es otra que hacer más atractivas económica y socialmente esas zonas despobladas”, con un “trato preferente” a mujeres y jóvenes.
