La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que “hoy es un día histórico para Castilla-La Mancha, porque se va a aprobar la primera Ley de la Ciencia de Castilla-La Mancha”.
La consejera ha asegurado que “es día para recordar ya que, a partir de hoy, vamos a poder contar con un marco legal relacionado con la investigación que afianzará el desarrollo en nuestra región de una economía basada en el conocimiento y la innovación, que posibilitará el uso eficaz de los recursos y fomentará la cohesión social y territorial”.
La nueva Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, más conocida como Ley de Ciencia, ha añadido Rodríguez, es una norma “que va a estimular las interrelaciones en materia de investigación científica y técnica entre las administraciones, las empresas, las universidades, los centros tecnológicos, dando como consecuencia una transferencia del conocimiento al sector productivo”.
Sistema regional I+D+i
En este sentido, ha argumentado que la norma permitirá consolidar el sistema regional de I+D+i, desarrollando una Agencia de Investigación Estratégica centrada en los grandes retos que tiene Castilla-La Mancha establecidos en los planes regionales de I+D+i vigentes en cada momento.
“Con ello se mejorarán las condiciones de acceso a la financiación de la investigación y la innovación; se mejorará la gobernanza definiendo objetivos e indicadores; se optimizará el uso de las infraestructuras, equipamientos y servicios del sistema regional de I+D+i y, en definitiva, se potenciará la excelencia científica”, ha afirmado la titular de Educación, Cultura y Deportes.
Por otra parte, la consejera ha destacado que la Ley de la Ciencia nace con las aportaciones de empresarios, sindicatos, colectivos investigadores, universidades, etcétera, y “por lo tanto, recoge los intereses de toda la ciudadanía”.
En este sentido, ha puesto en valor que esta norma tiene muy en cuenta los principios de coordinación, inclusión, sostenibilidad y respeto a la libertad de investigación. “Haciendo especial hincapié en la participación, divulgación, transferencia e internacionalización”, ha recalcado.
Doble objetivo
La nueva norma tiene un doble objetivo. Por un lado, atraer el talento investigador a la Comunidad Autónoma; y por otro, producir nuestro propio talento científico a través del fomento de la formación en I+D+i a lo largo de todo el sistema educativo, apoyando la carrera investigadora.
En concreto, contempla el incremento de los fondos regionales dedicados a investigación, desarrollo e innovación, incluyendo lo destinado a las universidades con presencia en la región, aproximando progresivamente a los porcentajes de financiación del objetivo común europeo.
Líneas de actuación
La nueva norma contempla la creación de una estructura institucional, dependiente de la Junta, encargada de la organización, coordinación, gobernanza y planificación en materia de investigación científica y técnica, y del desarrollo tecnológico e innovación.
Esta estructura, además de las Consejerías con competencias en I+D+i y la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, se enriquece con el Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Castilla-La Mancha y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Esta Agencia será el instrumento para la modernización de la gestión pública de las políticas de I+D+i en C-LM, encargándose de la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de investigación científica y técnica.
La Agencia responderá a los principios de transparencia y eficiencia garantizando al mismo tiempo la adopción de un modelo de gestión que simplifique los procedimientos y disminuya las cargas administrativas para la ciudadanía.
Educación concertada
Por último, y sobre el debate sobre la educación concertada, la consejera ha reiterado la posición del presidente Emiliano García-Page y del Gobierno regional sobre que la educación concertada “es un complemento y junto a la educación pública conforman la estructura y la red necesaria para que se cumpla con el derecho a la educación”.
