La crisis sanitaria del coranovirus ha provocado un terremoto en nuestros cimientos a todos los niveles, una sacudida -por mucho que algunos se las den ahora de profetas y visionarios- imprevisible en su crudeza y en su alcance hasta hace unos meses. Cada cual es libre de mirar para el lado que estime oportuno, pero ante la realidad del abismo generado sólo cabe una respuesta ética: caminar unidos en la lucha contra el enemigo común que es el coranovirus.
Vivimos sorteando la incertidumbre mientras no exista un tratamiento o una vacuna, la COVID-19 sigue siendo una amenaza. La responsabilidad y el esfuerzo individual pueden y deben tener un resultado colectivo positivo para evitar a la enfermedad sin caer en la paralización. Entretanto la sociedad (y la administración de lo público) no puede caer en la paralización. Ante lo nunca visto, hay que estar preparado en lo colectivo y cumplir con todas las medidas de prevención a título individual, todo lo posible para evitar que haya una segunda vez.
En Castilla-La Mancha, las consecuencias han sido especialmente duras. Según avanzan los meses, los estudios científicos van desvelando las causas -situando ya la conectividad laboral y la movilidad con Madrid como la principal de ellas-. Mientras tanto, ante la pandemia, las prioridades cambiaron de forma súbita. Había que tomar medidas urgentes y prevenir esas consecuencias en el tejido social y económico de la comunidad. Por eso, el 4 de mayo se llegó a un primer acuerdo entra la Administración y los agentes económicos y sociales de la región y el pasado 3 junio uno adicional entre el Gobierno regional, PSOE y Ciudadanos para impulsar la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha. Se trataba de habilitar medidas eficaces, pero también el consenso, el acuerdo de todos, más allá de intereses políticos, emocionales o electorales. Todo llegará.
Ha habido debate, como no, y ha sido extenso y abierto, evitando las condiciones previas y pensando en el futuro de todos. Con discrepancias, como es natural en semejantes circunstancias. En un entorno de incertidumbre y de inquietud y de dolor. Mucho dolor.
Puede no haber acuerdos programáticos o ideológicos, pero hay un diagnóstico generalizado. La crisis se afronta con recursos públicos. En principio, nadie se opone a practicar la solidaridad con quienes han sufrido las consecuencias de la pandemia de coronavirus en su vida cotidiana, en su trabajo, en su negocio.
Creo que la pandemia (que sigue acechando) no volverá a pillarnos desprevenidos. Porque es nuestra voluntad y la convicción garantizar un sistema sanitario público, universal y de calidad, recuperación que se inició de manera decidida por el Gobierno de Emiliano Garcia-Page en la legislatura anterior que consiguió revertir los recortes del Gobierno del PP insistente en reducir lo importante y esencial (guardando en el más amargo de los recuerdos aquellos tiempos de privatizaciones, bloqueo de obras de centros sanitarios, los recortes, tanto en la inversión de equipamiento como en tecnología sanitaria, despidos de nuestros sanitarios, especialmente en el ámbito rural, etc. que llego a situarnos en una situación precaria en materia sanitaria) y se ha mantenido y reforzado en la actual basado principalmente en la recuperación del diálogo social, la recuperación de los derechos de los profesionales, recuperación de inversiones materiales, más tecnología sanitaria y la humanización del sistema de salud, que estamos convencidos que constituye un instrumento de Igualdad y Cohesión Social.
Compromiso que se ha visto reflejado en que hemos sido una de las Comunidades Autónomas que más ha invertido en relación al PIB en materia sanitaria en contratación de profesionales y en compra de materiales contra el avance del coronavirus y donde dentro del Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha se prioriza el reforzamiento y blindaje del sistema sanitario público, y medidas de salud pública, imprescindibles para que la vuelta a la normalidad lo sea siempre con la máxima seguridad y garantía sanitaria, entre las que se garantiza el presupuesto para infraestructuras sanitarias, continuar la inversión en tecnología sanitaria, creación de reservas estratégicas de material sanitario, mejora de la actividad asistencial, reforzar la atención primaria, la prevención y la investigación para anticiparse a futuros acontecimientos que pongan en peligro la salud pública y la vida de las personas.
Seguramente, harán falta más medidas que vendrán junto el dialogo y el consenso de los colectivos de la sociedad civil de Castilla-La Mancha para volver a la normalidad (ese país que parece vivir en el pasado) y no puede ser más que con una seguridad sanitaria garantizada.
Es necesario priorizar programas de prevención en salud pública y blindar e integrar los servicios sociales y sanitarios para mejorar la atención a las personas mayores y más vulnerables (el colectivo que más ha sufrido la agresión letal de virus) ya son obligaciones en las que todos tenemos que estar de acuerdo (salvo intereses espurios). Desde el Gobierno de Emiliano Garcia-Page se tiene un camino claro y definido. Lo importarte son las personas y no dejar a tras a nadie. Mirar por los que más lo necesitan y estar al lado de aquellos que, aunque nunca se han visto tan necesitados ahora se ven en este caminar.
Es necesario el acuerdo de todos. Y dejar de actuar sería una irresponsabilidad.
José Antonio Contreras es portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes de CLM
