El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta emprender medidas judiciales para preservar los intereses de la región, si se confirma que Andrés Gómez Gordo, exdirector general de Planificación, Documentación y Análisis en el gobierno de María Dolores de Cospedal, dedicaba su tiempo y la nómina que cobraba en esta región a participar en actuaciones ilegales.
Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en una rueda de prensa convocada esta misma mañana de urgencia, para valorar los que ha calificado de “hechos muy graves”, que constan en el sumario de la Audiencia Nacional sobre el caso Villarejo y que vinculan a Gómez Gordo con Cospedal como enlace entre el comisario Villarejo y la expresidenta castellano-manchega.
La portavoz del Ejecutivo regional ha puntualizado que, antes de emprender cualquier medida jurídica, estarán “muy atentos al proceso judicial porque puede haber nuevas informaciones a lo largo de todo el procedimiento”.
Y ha recalcado que este Gobierno autonómico está “obligado” a seguir con atención ese procedimiento y “ver si de esas informaciones e investigaciones se pudieran derivar consecuencias directas sobre las arcas públicas y los intereses generales de Castilla-La Mancha”.
En este punto, Fernández ha subrayado que, dado que “el señor Gómez Gordo” era director general en el Gobierno de Cospedal y tenía su despacho “a escasos metros” de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, “cabe hacerse algunas preguntas”.
Una de ellas, ha continuado la consejera, es si “desde aquí (Castilla-La Mancha) se montó un operativo para hacer desaparecer los papeles de Bárcenas, comprando con fondos públicos reservados la voluntad del chófer de éste para que los sustrajera”.
En este punto se ha preguntado también si, dado que “en Castilla-La Mancha desde el Gobierno de Cospedal se nos montaron 50 querellas falsas, igual eso también tiene alguna implicación judicial”.
De igual modo, Fernández ha indicado que al Gobierno regional le preocupa que “parte del tiempo del señor Gordo al frente de la Dirección General de Planificación y Documentación de Castilla-La Mancha, de donde cobraba su nómina, lo dedicase a cuestiones espúreas e ilegales”.
“Cuatro años de persecución política”
Y a este respecto ha insistido en que el gobierno socialista anterior al mandato de Cospedal “vivió cuatro años de persecución política, con el montaje de 50 querellas falsas y de montajes e informes falsos que acabaron en medios de comunicación nacionales y que nos hicieron mucho daño”.
“Estaba el señor Gordo contratado para esto, tenía experiencia como documentalista, tenía experiencia en gestión de análisis de datos o tenía experiencia en seguridad”, ha vuelto a preguntarse.
Y ha recordado que, ya en aquellos momentos, “nos preguntábamos qué hacia un policía nacional de director general de Planificación y Documentación”, y hoy, a la vista de estos datos, “nos cuestionamos para qué le estábamos pagando la nómina”.
La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha señalado que, “como Gobierno, nos da mucha vergüenza que el nombre de nuestra región se encuentre en medio de todo este proceso judicial tan vergonzante”, al tratarse, ha dicho, de “una operación parapolicial para hacer desaparecer pruebas, chantajes, extorsiones y pagos con fondos reservados”.
A preguntas de los periodistas sobre las posibles iniciativas que puedan adoptar los distintos grupos representados en el Parlamento regional, Fernández ha señalado que ella, “si fuera la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, no descartaría pedirle a la señora Cospedal que compareciera en estas Cortes para dar las explicaciones oportunas y al propio señor Gómez Gordo“.
Y ha agregado que, en cualquier caso, “no se entiende” que el presidente regional del PP, Paco Núñez, no haya cesado de militancia o no haya pedido, al menos, a Cospedal que renuncie a la presidencia de honor del PP castellano-manchego.
Igualmente ha afirmado que le sorprende “oír ahora hablar al señor Núñez de presunción de inocencia, cuando era el que más aplaudía e insultaba cuando a las 50 personas a las que su partido montó un expediente judicial, que luego se quedó en nada”, entre los que ha citado a Roberto Parra y otras tres consejeras del Gobierno de José María Barreda.
