Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos (Cs), la propuesta de resolución de los socialistas en la que solicitan poner en marcha subvenciones que faciliten el teletrabajo.
La iniciativa aprobada también contempla continuar con las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral a aquellas personas acogidas a excedencias o reducción de jornada para cuidados derivados de la Covid-19, así como a la contratación de cuidadores en el ámbito doméstico.
Por el contrario, la propuesta del PP de instar a elaborar un Plan de Conciliación Regional para ampliar la protección de las familias, dotar al presupuesto autonómico con el crédito suficiente para facilitar su desarrollo y crear una línea de ayudas directas a la conciliación para autónomos sin empleados a cargo ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y a pesar de haber contado con el apoyo de Cs.
Tampoco ha salido adelante la iniciativa del partido naranja para impulsar la gratuidad y la universalización de la educación de 0 a 3 años en Castilla-La Mancha y de promover un acuerdo de las fuerzas sociales donde se fomente el horario flexible, la jornada intensiva o el trabajo por turnos, que ha contado con la abstención de los populares y el rechazo de los diputados socialistas.
Durante el pleno del Parlamento autonómico, celebrado este jueves, la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha asegurado que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo está negociando con los agentes sociales la Orden de impulso al teletrabajo anunciada por la Junta, con el fin de “adaptarla a la realidad y hacerla eficiente”.
Fernández ha señalado que “si no en septiembre, en octubre” está prevista la publicación de esta Orden y ha repasado algunas de las medidas que la Administración regional ha implementado para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.
En concreto, ha dicho que en Castilla-La Mancha se dedican 450 millones de euros desde el área de Bienestar Social para el cuidado de personas mayores y colectivos vulnerables, que benefician a 77.000 familias, y también que el Instituto de la Mujer realiza diferentes acciones en esta materia, entre ellas, ha explicado que trabaja desde hace años para favorecer planes de igualdad en el tejido empresarial y en los ayuntamientos.
Escuelas infantiles
Igualmente, ha precisado que el 66 % de las plazas de escuelas infantiles de la región son públicas y financiadas “en todo o en parte” por la Junta.
También ha destacado el “esfuerzo” que ha llevado a cabo en este sentido la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, al destinar 80 millones de euros a ayudas para más de 40.000 autónomos y microempresas.
La consejera portavoz ha comparado esta cifra con las de otras comunidades autónomas, como Madrid, donde hay 400.000 trabajadores por cuenta propia y se ha anunciado una convocatoria de 3,6 millones de euros para favorecer la conciliación; o Andalucía, con 1,6 millones de euros para 540.000 autónomos.
Durante el debate parlamentario se ha hecho hincapié en la importancia de favorecer la conciliación durante la pandemia, ante la posibilidad de que se cierren aulas en los centros educativos por casos de Covid-19 y los alumnos tengan que quedarse en sus casas.
En este punto, la parlamentaria socialista ha remarcado que Castilla-La Mancha cuenta con 6.000 plazas de aulas matinales y ha aumentado un 1.000 % las becas comedor, hasta las 28.000, al tiempo que durante el estado de alarma ha apostado por la protección de la infancia, garantizando este servicio a los alumnos beneficiarios.
Del mismo modo, los tres grupos parlamentarios -PSOE, PP y Ciudadanos (Cs)- se han referido al decreto de ayudas a la conciliación aprobado por el Ejecutivo autonómico, dotado con un millón de euros y que establece dos líneas de subvenciones: por un lado, a personas acogidas a excedencias o reducciones de jornada de más del 25 % para compatibilizar el trabajo con el cuidado de hijos; y, por otro, a la contratación de personas cuidadoras.
La diputada popular Gema Guerrero ha recordado que las ayudas de ambas líneas se pueden solicitar hasta el 30 de noviembre y ha pedido prorrogarlas más allá de esa fecha y ampliar el plazo de solicitud, mientras que la parlamentaria de Cs Úrsula López ha solicitado que se revise la cuantía al alza y la inclusión de autónomos y profesionales liberales.
