La ocupación ilegal de viviendas es un delicado asunto patente y ascendente durante los últimos años en España, baste como dato al respecto el hecho de que se pasó de 7.739 denuncias en 2013 a 12.214 en 2018, que se ha agudizado durante el reciente confinamiento inherente al estado de alarma decretado para frenar los contagios del Covid, por ser muchas las segundas residencias que han permanecido deshabitadas durante meses.
Hasta tal punto de que, según los datos aportados por el Ministerio del Interior, en el primer semestre del presente 2020 se han registrado ya 7.450 denuncias a nivel nacional, 296 de ellas en Castilla-La Mancha, teniendo siempre presente que estos datos no son del todo reales por contabilizarse únicamente los casos judicializados.
Es decir, los iniciados tras la presentación de unas denuncias previas que, por ejemplo, las entidades bancarias y las empresas inmobiliarias no suelen interponer a pesar de ser sus viviendas las mayoritariamente ocupadas.
Un problema, el de la proliferación de okupas, que ha saltado a la palestra pública y política en Castilla-La Mancha, sexta comunidad autónoma con más ocupaciones, ante la multiplicación de unos casos que tienen especial incidencia en el Corredor del Henares y en las comarcas toledanas de La Sagra, con más de mil viviendas ocupadas, Torrijos y Ocaña.
Escalona, Toledo y Talavera
No obstante, el tentáculo okupa también ha llegado a otros muchos puntos de la provincia toledana como Escalona, una localidad con 3.000 habitantes y unas 150 viviendas ocupadas en su mayoría propiedad de bancos, que tiene a su alcalde y presidente de la Diputación Álvaro Gutiérrez como principal adalid de la ‘mano dura jurídica’ antes estas ocupaciones ilegales.
También en Toledo, con ocupaciones en la Judería y otras zonas del Casco Histórico, y en Talavera, con antecedentes como la ocupación en su día del llamado ‘Edificio dignidad’ en el callejón de San Francisco o la ocupación de los dos pisos cedidos por el Ayuntamiento a la asociación Fray Hernando en la Avenida de Pío XII, y casos más actuales como las ocupaciones que se están produciendo en zonas como la del Barrio de Santa María que, incluso, han provocado una reunión entre la alcaldesa Tita García y la entidades bancarias propietarias de las viviendas para tratar de solucionar el asunto.
Una reunión que no ha trascendido, como no trascienden en este texto las opiniones y consideraciones formuladas al respecto por las personas sondeadas por Ahoraclm.com en Delegación del Gobierno, ayuntamientos y asociaciones de vecinos, por persistir en ciertas esferas sociales y políticas la falsa idea, según los afectados y ocupados, de que la mayoría de las ocupaciones están protagonizadas por ‘personas vulnerables’, víctimas de las crisis económicas que el conjunto de la ciudadanía viene sufriendo.
Álvaro Gutiérrez
Un negacionismo del problema, otro más en estos pandémicos tiempos, que llega incluso al estímulo de la ocupación desde ciertos círculos, contra la que se ha manifestado el citado Álvaro Gutiérrez al manifestar que “el desalojo tiene que ser contundente e inmediato porque los efectos se notan fundamentalmente en la convivencia, en la imposibilidad de vivir al lado de estos sujetos cuya ocupación en el 95 por ciento de los casos tiene que ver con la delincuencia, en algunos casos incluso de delincuencia organizada”.
Este mensaje del presidente de la Diputación de Toledo, que la ocupación ilegal de viviendas no sólo afecta a los propietarios de las mismas sino también a la normal convivencia de los vecinos de las zonas afectadas, resume el sentir y el sufrir de miles de ciudadanos que con su presiones y manifestaciones han provocado, en cierta manera, las reacciones políticas, gubernamentales e incluso jurídicas.
Gobierno regional y Delegación del Gobierno
Así, la ocupación ilegal de viviendas ha pasado de problema particular a social, siendo justo destacar que ha sido el Gobierno de Castilla-La Mancha de los primeros en plantar cara al asunto, con la proposición de ley que el PSOE ha presentado en las Cortes para combatir la ocupación ilegal de viviendas, que será elevada al Ejecutivo nacional que es el competente en la materia.
La Delegación del Gobierno nacional en la región también ha reaccionado con la creación de un grupo de trabajo presidido por el titular de la institución, Francisco Tierraseca, en el que están integrados mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, que tiene como objetivo analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellano-manchego, planificar actuaciones de choque y realizar seguimiento de su evolución.
Ministerio del Interior y Fiscalía
No obstante, por ser los competentes en el problemático asunto, las novedades y aportaciones más importantes han venido de la mano del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio ha unificado los criterios de actuación frente a la ocupación, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Fiscalía, tanto de la primera como de la segunda vivienda, ordenando a los agentes que elaboren atestados más precisos, dejando constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua.
Importante también es que tanto la primera como la segunda vivienda, deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.
En consecuencia, tanto en el caso de primera como de segunda vivienda, y constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas de Seguridad podrán proceder directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante.
El protocolo también indica que si el inmueble ocupado no constituye morada, lo que se está cometiendo es una usurpación. En este caso, la intervención policial es también inmediata, sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito.
De forma paralela, la aplicación para móviles Alertcops incluirá este mes una funcionalidad específica para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.
Cuestionamientos
Una serie de medidas e iniciativas, todavía en fase incipiente y cuestionadas tanto por el sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, que considera que es “una venta de humo que no aporta nada a la operatividad policial ‘in situ’ en estos casos”, como por al propio Álvaro Gutiérrez que considera que “estas instrucciones se quedan cortas porque tan sólo afectan positivamente a las propiedades particulares, pero no a las de bancos e inmobiliarias, que son las mayoritariamente ocupadas”.
Los afectados, por su parte, permanecen a la espera de la verdadera efectividad de estas medidas, aunque temen que cuando las mismas comiencen a ser operativas, las cifras de ocupación, actualmente en unas 41 al día, pueden dispararse de manera incontrolada e incontrolable. Ellos, al igual que determinados cargos públicos regionales, opinan y consideran que, hoy por hoy, los okupas siguen teniendo más derechos que los propios propietarios de las viviendas ocupadas.
Y ahí está el principal meollo de este problema cada vez más extendido y, hasta ahora, política y judicialmente un tanto desatendido.
