Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios -PSOE, PP y Cs- la toma en consideración de la proposición de ley, impulsada por el grupo socialista, para elevar al Gobierno de España un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, que ha iniciado así su tramitación parlamentaria.
Durante el debate en el pleno de la Cámara autonómica, que se celebra este jueves, los tres grupos ya habían manifestado su intención de apoyar la toma en consideración de esta iniciativa legislativa, a pesar de las críticas de PP y Ciudadanos (Cs) por no haber sido presentada de forma consensuada.
La proposición de ley está compuesta por once artículos recogidos en cuatro títulos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, a través de los cuales se pretende dar “una respuesta integral, ágil y eficaz a la necesaria tutela del patrimonio inmobiliario y de la seguridad ciudadana y convivencia vecinal como consecuencia del auge de la ocupación ilegal de inmuebles sin justo título”.
Su objetivo es combinar adecuadamente “una respuesta firme” contra la actuación delictiva, sin renunciar a salvaguardar y garantizar apropiadamente la protección a la infancia y a la adolescencia.
La norma plantea endurecer las penas por ocupación ilegal, así como favorecer que los ayuntamientos puedan no empadronar a los ocupas en las viviendas donde habitan ilegalmente, además de que los consistorios y las comunidades de vecinos puedan denunciar ante el juzgado este fenómeno.
El proyecto de ley también propone penas más elevadas de cárcel y más multas para quienes ocupan de forma ilegal una vivienda, que se puedan ver agravadas si se usa la violencia y si en el inmueble en cuestión se cometen otros delitos, como explotación sexual o laboral, o se guardan objetos robados, a la vez que plantea más agilidad en los procedimientos judiciales, con la posibilidad de celebrar juicios rápidos.
Asimismo, contempla que se pueda restituir la vivienda ocupada en un plazo máximo de 48 horas a su legítimo propietario y que se pueda tener en cuenta si es una conducta delictiva que persiste en el tiempo para proceder a la detención o identificación inmediata del ocupa y su puesta a disposición del juzgado de guardia.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha afirmado que la ocupación ilegal es “un problema real” ante el que todos están comprometidos y ha añadido que esta proposición de ley es “un primer paso de lo que va a suponer un posicionamiento común que hay que hacer llegar de manera conjunta al Gobierno de España”.
Ha resaltado que el texto “no es un copia y pega”, sino que es “potente, realista y aplicable”, además de “serio, trabajado y consensuado con quienes sufren el problema”.
En relación a las críticas acerca de la “carrera” de PSOE y PP por la presentación de esta norma, Hernando ha subrayado que “no se trata de quién llegó primero”, puesto que “la iniciativa en democracia la lleva el partido mayoritario y el gobierno de turno”, y ha señalado que la proposición de los populares -sobre la que el Ejecutivo castellanomanchego aún no se ha pronunciado y, por tanto, no ha podido comenzar su trámite parlamentario- es “insuficiente”.
“Lo único que cabe es que de estas Cortes salga un único texto”, ha aseverado el consejero, quien se ha puesto a disposición de los grupos para estudiar, en la Comisión de Fomento, “tantas enmiendas como consideren necesarias para aprobar un documento que sea de todos”.
También la diputada socialista María Isabel Sánchez ha incidido en que el texto refleja “un trabajo riguroso, meditado y serio”, que cuenta con “una solvencia jurídica incuestionable”, y en que propone la modificación de hasta nueve leyes estatales con el objetivo de “pulir las fisuras existentes”.
De su lado, la portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Ana Isabel Abengózar, ha instado a “dejar atrás el afán de arrogarnos esta iniciativa” y ha invitado al resto de grupos a trabajar “juntos” en un texto que ha calificado de “muy completo, amplio, ambicioso, realista y aplicable”.
Sin embargo, la diputada popular Ana Guarinos ha recalcado que esta iniciativa la puso en la agenda política del Gobierno regional el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, al proponer al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, liderar desde la región una ley contra la ocupación ilegal que, como ha apuntado, el jefe del Ejecutivo autonómico “vio con buenos ojos”, pero luego “incumplió”, al no presentar una propuesta consensuada.
Por su parte, el parlamentario de Cs Alejandro Ruiz ha tildado de “postureo” la “carrera” por ver quién sacaba antes la proposición de ley y ha criticado el afán de unos y otros “por el foco mediático, el titular y por sacar primero la bandera”, al tiempo que ha resaltado que al partido naranja le hubiera gustado participar en “una reunión colectiva” para consensuarla.
