La comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este lunes por unanimidad de los tres grupos parlamentarios cuatro enmiendas parciales -tres de Ciudadanos (Cs) y una del PP- al proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las 32 presentadas en total (12 Cs y 20 PP).
El resto de enmiendas de los dos grupos de la oposición (nueve de Cs y 19 del PP) han sido rechazadas con el voto en contra de los diputados socialistas a pesar de que el grupo popular ha apoyado las de Cs, mientras que la formación naranja se ha abstenido en las de los populares por la obligatoriedad del reglamento de votar en bloque todas las enmiendas al hacerlo de manera telemática.
Las enmiendas aprobadas de Cs se refieren a, por un lado, la supresión de un término -en concreto un adverbio-, a los concursos públicos para autorizaciones o concesiones de manera que se establezcan unos criterios objetivos en la adjudicación y evitar la arbitrariedad en las resoluciones y, en la misma línea, a la objetividad en los criterios de los pliegos de condiciones.
En cuanto a la enmienda del PP aprobada, se trata también de una modificación terminológica ante la que no se ha opuesto ningún grupo parlamentario por considerar que mejora el proyecto, tal y como ha justificado el grupo popular.
Durante la intervención de los grupos parlamentarios, el diputado regional de Cs, David Muñoz, ha señalado la importancia de esta normativa porque regula la gestión de los más de 1.000 inmuebles de la Junta de Comunidades, 2.500 vehículos y las seis empresas públicas que manejan al año 270 millones de euros.
Según Muñoz, este proyecto de Ley “tiene poco que criticar desde el punto de vista técnico pero poco que alabar desde el punto de vista político”, ya que se limita a derogar la actual Ley de 1985 y a adaptarla a la normativa estatal.
Sin embargo, ha indicado que los ciudadanos reclaman que el patrimonio y el dinero público se gestionen “con la misma responsabilidad que las familias y empresas gestionan su propio dinero” y, por tanto, ha pedido que el patrimonio público se gestione “sin amiguismos” y que tenga una “rentabilidad económica que se convierta en utilidad social”.
Estas son algunas de las cuestiones que recogen las 12 enmiendas presentadas por la formación naranja, así como primar el concurso público por encima de la adjudicación directa y “a dedo”, que los consejos de administración estén formados por personas que pasen un examen de capacidad, que la Junta sea responsable subsidiaria de las deudas y que se pueda utilizar la figura del desahucio administrativo en la ocupación ilegal de viviendas públicas.
Intervenciones
Además, el parlamentario de Cs, que ha intervenido de manera telemática por encontrarse afectado por la Covid-19, ha expresado su queja por haber tenido que votar las enmiendas del PP en bloque y no una a una, motivo por el que el grupo parlamentario de Ciudadanos se ha abstenido en toda la votación.
El diputado regional del PP, Benjamín Prieto, se ha sumado a esta queja y ha defendido también que esta Ley es “importante no solo para el presente sino también para el futuro” y que es “normal” que la comunidad autónoma tenga que actualizar la normativa.
Con respecto a las 20 enmiendas presentadas por el grupo popular, Prieto ha explicado que algunas afectan a nuevas herramientas y mecanismos, otras son relativas a términos semánticos y modificación de palabras, otras están vinculadas al control o la gestión de los bienes para que se “optimice” su actividad, y otras se refieren a una adscripción de los bienes públicos en el registro y en el inventario de la manera más “actualizada y ágil” posible.
También ha subrayado que, entre sus enmiendas, el PP ha planteado aprovechar las enajenaciones y usos del patrimonio en las zonas despobladas de la región y que haya una coordinación y cooperación para que las Cortes regionales tengan conocimiento de la gestión que se hace de dicho patrimonio.
De su lado, el presidente del grupo parlamentario socialista, Fernando Mora, ha hecho hincapié en que esta Ley de Patrimonio de la Junta sustituirá a la 1985 después de nueve reformas en 35 años y que se adecuará a la normativa estatal y al volumen de recursos y patrimonio que tiene en la actualidad la Administración regional.
Mora ha dicho que esta Ley es “eminentemente técnica y no tiene contenido político”, por lo que ha considerado que no sería complicado que saliera adelante con el apoyo de todas las formaciones políticas.
No obstante, ha argumentado el rechazo a la mayoría de las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición en que tratan de “aprovechar la oportunidad” y regular aspectos que no son propios de esta Ley sino de la legislación mercantil o la normativa en materia de vivienda.
Como consecuencia de las sucesivas votaciones al finalizar el debate de las enmiendas, el dictamen del proyecto de Ley de Patrimonio ha sido aprobado, mientras que Cs y PP han optado por mantener vivas para el pleno las enmiendas que han sido rechazadas.
