Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido este jueves la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos (Cs), que cuenta con el apoyo del PP en más de tres cuartas partes del texto, pero que discrepa en lo relativo al aumento de cánones a los promotores.
La norma, cuya votación tendrá lugar antes de finalizar el pleno del Parlamento autonómico y que previsiblemente será aprobada, es fruto del Pacto por la Reconstrucción firmado entre el Gobierno regional, PSOE y Cs e incorpora 22 enmiendas parciales que salieron adelante en la comisión de Fomento, siete presentadas de manera conjunta por los grupos socialista y Ciudadanos y 15 del PP.
Durante el debate parlamentario se ha puesto de manifiesto que la denominada Ley SUMA tiene la finalidad de fomentar el crecimiento económico de la región, sobre todo de los municipios más pequeños, y sienta las bases de un nuevo modelo de urbanismo para la comunidad autónoma.
El texto plantea 61 modificaciones a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau), después de más de veinte años en vigor en la región, y recoge las principales reivindicaciones de los colegios profesionales del sector urbanístico, las reclamaciones de empresarios y las necesidades de los municipios, de los alcaldes y de la ciudadanía.
La norma tiene como objetivos dinamizar la economía mediante la simplificación de trámites e incrementar la oferta de vivienda asequible en la comunidad autónoma y reactivar solares paralizados, además de abordar el reto demográfico, potenciando el desarrollo de pequeños municipios.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha calificado de “titánico” el esfuerzo que se ha hecho para elaborar esta ley, ha pedido al PP que retire una de las cuatro enmiendas parciales que ha defendido este grupo parlamentario -en la que propone limitar hasta en un 20 por ciento las modificaciones urbanísticas- y ha invitado a los populares a sumarse al acuerdo.
Previamente, el PP ya había anunciado que retiraba otras dos enmiendas que también habían llegado vivas a la sesión plenaria.
“Creo que nos separa muy poquito”, ha asegurado Hernando, quien durante su intervención en el pleno de la Cámara regional ha opinado que el consenso ha sido posible porque los objetivos de la norma son “de sentido común” y ha destacado que “no es tarde para que se sumen a un éxito de todos”.
Tres enmiendas
Respecto a las tres enmiendas restantes, ha considerado que no tienen por qué suponer “un muro para el planteamiento del conjunto del arco parlamentario a favor de lo que va a ser la semilla del empleo”.
Ha explicado que los cánones fijados persiguen “redistribuir la riqueza de grandes macroproyectos”, para revertirla en el sector de la construcción y para que las pequeñas empresas tengan igualdad de oportunidades a la hora de acceder al mercado, mientras que en lo relativo al porcentaje establecido en la cesión por aprovechamiento lucrativo ha apuntado que es “una medida antiespeculativa” para evitar la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez, quien ha sido recibido con aplausos al subirse a la tribuna de oradores tras haber superado la covid-19, ha incidido en que esta norma llega hasta a duplicar los cánones urbanísticos, lo cual ha tildado de “desproporcionado y descabellado en estos momentos de crisis”.
“No estamos totalmente en desacuerdo con ella, pero sí con que se establezcan nuevos cánones y gravámenes”, ha indicado Rodríguez, quien ha añadido que ve “cierto afán recaudatorio” y ha resaltado la necesidad de “poner una alfombra” a los empresarios para que sea “fácil y atractivo” invertir en la región.
De su lado, la parlamentaria socialista y ponente del dictamen aprobado en la comisión de Fomento, Marisa Sánchez, ha agradecido las aportaciones realizadas, aunque ha agregado que el PP no ha argumentado sus enmiendas y le ha invitado a sumarse a una iniciativa legislativa para, entre otras cosas, dotar a los municipios de las herramientas necesarias para fijar población.
También la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado que, de salir adelante, la Ley SUMA, de la que ha dicho que es “una de las más avanzadas de España”, será la primera que se apruebe este año, la 19 en lo que va de legislatura y la tercera nacida del Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha.
A su vez, el presidente del grupo Cs, Alejandro Ruiz, ha señalado que a medida que pasen los años se va a ser consciente de la importancia que tiene este texto legislativo y se ha mostrado “muy satisfecho” del trabajo realizado para sacarlo adelante.
Ruiz ha hecho hincapié en que los desacuerdos están en “cuestiones de matiz” y en que, por tanto, “hoy es un día para estar de enhorabuena” porque “las discrepancias son mínimas”.