La Guardia Civil ha intervenido 95.000 euros a dos ciudadanos al ser identificados en un control de seguridad en la autovía A-5, a su paso por la provincia de Toledo, con esta cantidad de dinero y no poder justificar su procedencia legal.
Los hechos sucedieron cuando agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Torrijos realizaban un dispositivo operativo para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Estado de Alarma, y procedieron a dar el alto a un vehículo para identificar a sus ocupantes, según han informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
Los agentes decidieron inspeccionar el vehículo por el estado de nerviosismo de ambas personas, de origen libio, y en el registro pudieron encontrar numerosos fajos de dinero en efectivo, divididos en billetes de 100, 50 y 20 euros, repartidos en varios compartimentos del coche, en los bolsillos de los abrigos y en dos mochilas en los asientos traseros.
Los agentes preguntaron a los ocupantes por la titularidad, origen y destino de estos fondos, a lo que el conductor respondió que procedían de Madrid con destino a Portugal para realizar un negocio de compraventa de vehículos pesados, y aportaron un documento expedido por una empresa portuguesa que le autorizaba para moverse por territorio español hasta el país vecino.
Conteo manual
No obstante, el documento no justificaba la procedencia legal de esta cantidad de dinero, por lo que los agentes se desplazaron a dependencias oficiales para llevar a cabo el conteo manual en presencia de los propietarios, dando como resultado una cantidad total de 97.000 euros.
Esta cantidad no excedía el umbral para transportar por territorio nacional, pero sí el máximo permitido para desplazamientos internacionales, por lo que al manifestar que se dirigían a Portugal, la Guardia Civil conforme a la Ley 10/2010 de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo la Guardia Civil intervino 95.000 euros en efectivo, pero entregó a cada ocupante 1.000 euros en concepto mínimo de subsistencia.
Los dos ciudadanos fueron informados de los hechos, y todo fue puesto en conocimiento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias mediante propuesta de sanción por una infracción administrativa de la citada Ley.
