viernes, 22 noviembre 2024
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La vacunación contra el covid y el negacionismo, temas del Congreso de Deontología Médica

El VII Congreso de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) que ha reunido durante dos fines de semanas en Toledo a 12 ponentes y 26 discursores para abordar los grandes retos éticos que tiene la profesión médica, ha señalado, entre sus conclusiones, que “la pandemia de covid-19 ha reafirmado el deber, la responsabilidad y el compromiso ético de los profesionales de la medicina para con la sociedad”, tras tratar temas como la vacunación global y las posturas negacionistas.

Según informa el Colegio de Médicos de Toledo, la clausura del Congreso ha contado con la participación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar; y Natividad Laín, presidenta del COM Toledo, entre otros.

Entre las conclusiones del Congreso, se encuentra la necesidad de justicia en el acceso a las vacunas y los medicamentos para la covid-19, ya que mientras que en el plan de vacunación de España y la Unión Europea se puede afirmar que el acceso a las vacunas es equitativo, no ocurre lo mismo en la globalidad del planeta que se dibuja, en palabras del doctor Lamata, como “un mapa de la vergüenza por las desigualdades entre países ricos y pobres”.

Han señalado que el sistema de patentes colisiona con los principios éticos del Código Deontológico y los médicos no pueden priorizar el cuidado de la salud de la persona y la comunidad al no disponer de vacunas, porque la fabricación es insuficiente y los precios son abusivos, y tampoco pueden atender a todos los pacientes sin discriminación, ya que en algunas partes del mundo no habrá vacunas en dos años mientras los países ricos dispondrán de ellas en pocos meses.

Los participantes en el Congreso han propuesto cambiar el modelo, mediante un fondo global que financie la investigación, prohibiendo las patentes de medicamentos y vacunas, una investigación sin patrocinios y con una plataforma pública para el desarrollo de medicamentos a precio de coste.

Vacunas de Janssen.

Los médicos negacionistas

Han apuntado además que las acciones de los médicos negacionistas vulneran diversos artículos del Código de Deontología Médica y, en consecuencia, los Colegios de Médicos tienen la responsabilidad de actuar contra ellos para proteger la salud de la población, debiendo valorar el impacto y las consecuencias de sus actuaciones sobre las personas y la sociedad.

Se ha puesto también de manifiesto la situación de deshumanización y abandono de los enfermos durante la priorización en el contexto de la pandemia de covid-19 y han apuntado que existe una obligación ética y deontológica de establecer criterios de priorización en situaciones de escasez de medios, lo que requiere de competencia profesional, respeto a los pacientes, transparencia en la información, responsabilidad y proporcionalidad para adecuar el esfuerzo terapéutico y evitar la discriminación.

Un asunto muy relevante que ha sido objeto de debate es la irrupción de la telemedicina en las consulta como consecuencia de la pandemia y su extensión a todos los niveles, que ha tenido aciertos, pero también algunas desventajas.

Entre sus ventajas cabe destacar el aumento de la accesibilidad a los servicios, evitando los desplazamientos innecesarios y minimizando los tiempos de espera para las consultas.

Sin embargo, el uso de estas tecnologías tiene ciertos inconvenientes como los límites para su utilización a consecuencia de la brecha digital, lo que puede generar situaciones injustas por la discriminación de determinados pacientes. Además, en algunos casos, la no presencialidad en las consultas médicas puede dar lugar a retrasos en el diagnóstico de procesos graves.

Y por otra parte, en cuanto a la regulación de la eutanasia, han señalado que hay que destacar la objeción de conciencia en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, donde se han señalado las inquietudes de los profesionales en cuanto a las garantías de aplicación de la Ley, concretadas en el tipo de objeción y el registro de objetores.

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