El Consejo de Gobierno ha acordado este martes enviar al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el anteproyecto de ley para la extinción de la figura de las cámaras agrarias provinciales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que estas cámaras están “desfasadas” porque ya no responden a la finalidad con la que se crearon de representación de los agricultores, ya que esta labor está asumida por las asociaciones.
Por ello, en colaboración con el tejido asociativo, se ha elaborado un texto para regular el procedimiento de liquidación de su patrimonio de suelo y económico que pasará a formar parte del patrimonio de la Junta de Comunidades, ha indicado el titular de Agricultura.
Y ha agregado que la Junta de Comunidades podrá cederlo a las organizaciones agrarias o ayuntamientos siempre con el fin de darle usos agrarios y realizar, con el patrimonio dinerario, infraestructuras de carácter rural en las cinco provincias.
Además, Martínez Arroyo ha destacado que con las parcelas o explotaciones que en la actualidad están en manos de las cámaras se pretende crear “el germen” del futuro banco público de tierras de Castilla-La Mancha, que tendrá como finalidad facilitar la incorporación de jóvenes y apoyar a los agricultores profesionales cuyo 50 por ciento de su renta procede de la actividad agraria.
A preguntas de los periodistas, Martínez Arroyo ha precisado que el suelo rústico que está en poder de las cámaras lo constituyen 3.536 parcelas, si bien desconoce el número de hectáreas de superficie, así como poseen 396 inmuebles urbanos y 1,9 millones de euros en las cuentas bancarias.
Huertos familiares y comunidades de regantes
También ha avanzado que el Gobierno regional aprovechará esta nueva normativa para resolver dos cuestiones relacionadas con el Instituto de colonización agraria y la Ley de reforma y desarrollo agrario, por un lado para permitir la transmisión de huertos familiares de padres a hijos y por otro lado para permitir a los ayuntamientos gestionar el uso de los bienes que están en manos de comunidades de regantes.
Por otro lado, Martínez Arroyo ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de concentraciones parcelarias que deroga el decreto de 2001 que regulaba esta actividad de carácter privada e incluye ahora las de carácter público.
Los objetivos son simplificar la burocracia, facilitar la gestión por parte de las asociaciones que se creen en los diferentes municipios para hacer concentraciones privadas por procedimiento abreviado y permitir la participación de la Administración para declararlas públicas si los procedimientos se retrasan.
Por otro lado, ha informado que ha trasladado al Consejo de Gobierno información sobre los recursos que se van a poner a disposición de agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural en los años de transición de la Política Agraria Común (PAC) 2021 y 2022.
En este sentido, ha hecho hincapié en que las dos anualidades van a contar con una aportación extraordinaria de 549,5 millones de euros procedentes del programa europeo Next Generation, por lo que sumados al presupuesto de 1.485 millones del período 2015 a 2020 hace un total de 2.012 millones para la PAC en Castilla-La Mancha.
Además, ha destacado dos líneas como son la de incorporación de jóvenes agricultores y la mejora de explotaciones, cuyos plazos de solicitudes están abiertos en la actualidad.
E igualmente, Martínez Arroyo ha informado al Consejo de Gobierno de la publicación este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de la ampliación de crédito para el plan de seguros agrarios de 2020 en 110.000 euros, por lo que cuenta con un total de 5.210.000 euros.
