El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, ha avanzado que la futura Ley de Aguas de Castilla-La Mancha contempla el pago de un canon medioambiental que no repercutirá sobre el sector agrario y que conllevará, al tiempo, importantes bonificaciones fiscales para distintos colectivos de la región.
Según ha avanzado en comparecencia pública este jueves, una vez que este martes se dio el primer paso con la aprobación del anteproyecto en Consejo de Gobierno y, ahora, su paso al Consejo Consultivo -tiene un mes para dar el visto bueno-, la nueva ley considerará al agua como “el recurso más importante, como un derecho humano”, ha aseverado Martínez.
“Va a derogar una ley que está vigente desde 2012, ya muy desfasada, y era urgente un cambio y a partir de ahora tratará al agua como un bien público y no privativo, del cual se tiene que beneficiar el conjunto de la ciudadanía, y de manera solidaria”, ha sostenido.
Martínez ha asegurado que la nueva ley estará en consonancia con la de Economía Circular y situará a la comunidad “a la altura de otras autonomías” porque partirá, ha incidido, “de un concepto muy trascendente como es la solidaridad entre los municipios y sus comarcas, con más medios, mejores accesos y, asimismo, la mejora del medio natural”.
Con el objetivo de que “vea la luz lo antes posible” y pueda ser aprobada en el Parlamento regional “por unanimidad”, Martínez he emitido los tres puntos claves que, a su juicio, contempla la futura nueva ley que ha calificado de “muy progresista” porque “propone la redistribución de la riqueza, beneficia a todos los castellanomanchegos, con independencia de donde residan, y afronta el reto demográfico”.
“Opinar en la toma de decisiones”
“A partir de ahora Castilla-La Mancha va a poder opinar en la toma de decisiones sobre la transferencia de agua entre cuencas que afecte a la región”, ha fijado en primer término sobre una ley que “modifica el Consejo Regional del Agua, que se adapta a la Mesa Regional”, ésta que se reunirá a finales de este mes o principios de octubre en Albacete, para avanzar en numerosos retos pendientes.
Y en tercer término, Martínez ha desvelado que se implantará un canon medioambiental, siguiendo las directrices de la Unión Europea (UE), con la aplicación de dos principios fundamentales: “Quien contamina paga y se recuperarán los costes”, ha precisado.
Se trata de un canon, ha reforzado el consejero de Agua, que no se aplicará a la agricultura: “Hemos decidido que este canon no tenga efecto en el sector agrario”, ha defendido, y que se bonificará por completo en personas en riesgo de exclusión social o por violencia de género, o también familias numerosas.
Martínez ha completado que se bonificará con el 50 % a los habitantes de municipios de menos de 2.000 habitantes y con el 25 % a los entre 2.000 y 5.000 habitantes, además de con el 70 % a cooperativas o sociedades de transformación y con el 40 % a la industria agroalimentaria.
