La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha reunido este miércoles para calificar diversos escritos, entre ellos las 41 enmiendas parciales del grupo popular y las 25 enmiendas de Ciudadanos (Cs) al proyecto de Ley de Aguas.
Las enmiendas presentadas al texto normativo por parte de los grupos de la oposición han sido publicadas por el Boletín Oficial de las Cortes regionales, consultado por Efe, y algunas de ellas se refieren a aspectos técnicos o de redacción, con la justificación de mejorar el proyecto.
Ambos grupos han presentado enmiendas en torno a la composición del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha y enmiendas de supresión en relación al canon que incluye la nueva Ley de Aguas y con el que ni PP ni Cs están de acuerdo.
En concreto, el PP ha planteado, entre otras cosas, que el tipo de gravamen del canon se determine para cada uno de los sistemas en cada Ley de Presupuestos, previa justificación del estudio económico-financiero correspondiente, sin que pueda incrementarse anualmente por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente al ejercicio anterior sobre las tasas establecidas en los presupuestos.
El canon
Ciudadanos, por su parte, ha especificado en una enmienda que el tipo de gravamen del canon se debe fijar tras estudio justificativo, atendiendo a su finalidad en la Ley de Presupuestos, y no prorrogarse para ejercicios sucesivos de manera automática si no es modificado o derogado y actualizado según estudio económico.
Por otra parte, los populares han pedido que los planes directores de abastecimiento y depuración sean revisados, al menos, cada cinco años, y actualizados con cada ciclo de planificación hidrológica; y que se añada al texto que los proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades que cada año sean remitidos a las Cortes regionales prevean las partidas y aplicaciones oportunas para llevar a cabo la ejecución de las correspondientes infraestructuras.
Además, Cs ha solicitado que el articulado recoja referencias al Pacto Regional del Agua y que los ingresos procedentes de las sanciones se destinen a la consecución de los objetivos medioambientales, a la adecuada dotación de agua para los municipios de la región, al apoyo a las administraciones que ejerzan competencias en el ámbito del ciclo integral urbano del agua y a la restauración de los impactos ambientales.
También ha propuesto que la persona titular de la Dirección General sea nombrada no por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, sino por una mayoría de al menos tres quintos del pleno del Parlamento autonómico, así como que las actuaciones urgentes sean comunicadas al pleno de las Cortes y no al Gobierno regional.
