Este domingo entran en vigor la nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha y el decreto que la desarrolla, que ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, con el fin principal de garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región para que esta actividad sea moderada y responsable, a la vez que compatible con la protección de las personas usuarias y, muy especialmente, de los colectivos más sensibles.
La Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, que sitúa a esta región a la vanguardia de España en esta materia, permitirá equilibrar esta actividad económica con la protección de la población más vulnerable, como los menores de edad o las personas con problemas de ludopatía.
La norma fue aprobada el pasado 22 de julio en las Cortes regionales y publicada el 30 de julio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), donde se establecía que entraría en vigor a los seis meses, excepto el capítulo I del título V, relativo a los tributos sobre el juego, que entrará en vigor el 1 de julio del 2022.
Esta nueva ley trata de potenciar las medidas de control en la práctica del juego y de superar así su naturaleza de mera actividad económica para poner el foco en sus repercusiones sociales.
Se trata de una norma muy ambiciosa en sus fines y muy completa en su articulado, que ofrece una mayor respuesta a la demanda social, al tratar de corregir los impactos negativos que la actividad del juego genera en la sociedad, y cuya aprobación es un compromiso que adquirió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la ciudadanía.
Fomento del juego responsable
En la misma línea, el decreto del régimen administrativo del juego en Castilla-La Mancha, es decir, el reglamento que va a desarrollar los principales preceptos de la nueva Ley del Juego, pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad.
Entre las novedades que recoge este instrumento normativo está la prohibición en general de la publicidad, así como las promociones -tales como obsequios, regalos, consumiciones gratuitas o por precio inferior al de mercado- con unas excepciones muy tasadas, como la realizada en el interior de los propios locales de juego, aquélla que se inserta en publicaciones específicas dirigidas al sector o las de patrocinio. En cualquier caso, para la publicidad que está permitida se necesitará autorización administrativa.
Otra novedad es el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas establecidas en la Ley entre este tipo de instalaciones y los centros de enseñanza. Se estipula una distancia mínima de 150 metros entre locales de juego y de 300 metros respecto a centros educativos, salvo donde se imparta exclusivamente educación infantil o primaria.
No obstante, la limitación en cuanto a las distancias no afecta a los establecimientos que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación. En este sentido, se establece un régimen transitorio, pero, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2028 se han de cumplir los requisitos de ubicación de todos los locales que estén en funcionamiento en la región.
