Castilla-La Mancha recibirá algo más de 21 millones de euros del Gobierno de España (sí, ese que despectivamente se viene a llamar social-comunista por algunos reaccionarios y generadores de odio) para promover, en buena parte, un parque público de viviendas energéticamente eficiente, a través de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública. Unas viviendas que deberán estar disponibles en alquiler a precio limitado.
Esta transferencia financiera por parte del Gobierno de Coalición es una gran noticia para Castilla-La Mancha, ya que el acceso a la vivienda, a pesar de ser un derecho que viene reflejado en el artículo 47 de la Constitución, no se ha materializado en nuestra región con el impulso necesario que la ciudadanía demanda, en forma de iniciativas políticas legislativas y sociales. Una realidad por la que se ha provocado que la adquisición de viviendas se realice prioritariamente a través del libre mercado y por tanto, generando una visible desigualdad a la hora de acceder a este “derecho”.
A estas alturas no creo que sea necesario explicar o convencer de que la vivienda es un motor vital, es el lugar donde se articulan todos los proyectos de futuro de personas y familias, donde se crean identidades y raíces, y sobre todo donde se construye un espacio esencial que va más allá de lo material. Un objetivo que tiene a las y los jóvenes castellanomanchegos como los principales demandantes.
Ahora la cuestión es cómo va a articular el gobierno de Emiliano García-Page esta importante oportunidad en materia de vivienda.
Y sinceramente, si para esto tenemos que hacer una comparativa con el interés demostrado para concretar y aprobar la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, o con la decidida voluntad de reducir la inacabable lista de demandantes inscritos en el `Registro de demandantes de viviendas de la JCCM´, y por tanto, dar respuesta a todos esos castellanomanchegos que aspiran a una solución, a una vivienda para un proyecto de vida digno; “apañaos vamos”.
Con esto, hay que manifestar con total rotundidad y seguridad a la vez, que está claro que, una vez más, el gobierno de García-Page ha demostrado hasta ahora, su incapacidad para llevar a cabo políticas valientes a favor de la mayoría social en materia de vivienda. Y que ha tenido que ser el Gobierno de Coalición de España (ese que tanto crítica cuando tiene oportunidad, nuestro presidente regional) quien esté facilitando la creación de un parque de viviendas públicas en Castilla-La Mancha.
Por eso, ahora es el momento de enmendar la ausencia que la JCCM ha venido demostrando en materia de vivienda pública, y trabajar en este momento desde una perspectiva 100% pública; dirigiendo todos los esfuerzos y beneficios que esta oportunidad ofrece, a los beneficiarios finales, que no tienen que ser otros, que los castellanomanchegos demandantes de una vivienda.
Un momento en que la JCCM tiene que ser parte activa desde el principio hasta el final, sin que se quede esta, en una mera intermediaria entre promotores privados y el `mercado social demandante´, para lo cual debe de cambiar el chip y erigirse como parte propia del Estado de bienestar, que como todos sabemos, tiene la obligación de proveer equidad y satisfacer las necesidades básicas, tales como la vivienda, a la ciudadanía,
Por todo ello, vuelvo a reivindicar, como así lo lleva haciendo Izquierda Unida en nuestra región desde hace muchos años, que Castilla-La Mancha saque del cajón la `Ley de Vivienda´ y ponga en marcha políticas reales que ofrezcan alternativas habitacionales a todas aquellas familias, y en especial a la juventud, que no disponen de recursos suficientes para adquirir una vivienda en las condiciones del mercado actual.
Mario García Gómez es diputado provincial de Unidas Izquierda Unida Podemos
