El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado pedir al Gobierno central la convocatoria de una conferencia sectorial para abordar la deuda del Estado con las autonomías en la atención a la Dependencia, que en Castilla-La Mancha supera los 800 millones de euros.
Así lo ha avanzado este martes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, desde Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real).
García Torijano ha explicado que el objetivo de solicitar la conferencia sectorial es plantear al Gobierno que cumpla sus compromisos en Dependencia y lleve a cabo una “corresponsabilidad” en su financiación que no está cumpliendo, por lo que tiene una deuda acumulada con Castilla-La Mancha desde el año 2012 que supera los 800 millones de euros.
Como ejemplo, ha detallado que en 2021 el Gobierno regional aportó 468 millones a la dependencia y el Gobierno central cien millones de euros.
La consejera de Bienestar Social ha resaltado que desde que gobierna el presidente Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha está garantizada la atención en materia de dependencia y ha precisado que es importante que se resuelva la deuda pendiente antes de que el Gobierno tome nuevos acuerdos en materia de dependencia como está planteando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En este sentido, ha considerado importante hacer un estudio económico de lo que pueden suponer los nuevos acuerdos ya que “se pondría en serios problemas y en riesgo al sector, y por tanto, también, la estabilidad en plazas residenciales, los cuidados y las atenciones que se le tienen que dar a los mayores”, ha dicho.
Asimismo, García Torijano ha dejado claro que aunque el actual Gobierno de España ha recuperado en los últimos años el “nivel de inversión” en dependencia, acordado en 2011 en 16,8 millones de euros, debe avanzar en el pago de la deuda generada ya que en 2012 el Gobierno, del PP, “se cargó por completo el nivel acordado que se destinaba para las políticas de atención a la dependencia”.
Esa situación ha supuesto “una deuda importante que año tras año hemos ido asumiendo las comunidades autónomas, financiando cada vez más fondos propios para poder hacer frente a estas políticas”, de forma que “si no fuese por ese esfuerzo y ese compromiso por parte del Gobierno regional en seguir apostando presupuestariamente por estas políticas, tendríamos que hacer recortes, que desde luego no nos planteamos”, ha manifestado.
Insuficiente
El pasado año se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que mejoraba lo que había pero que, no obstante, sigue siendo insuficiente para hacer frente a todas las políticas que lleva a cabo la comunidad autónoma.
El último dictamen de la Dependencia indica que la región es la segunda comunidad autónoma con mejores resultados ha sacado, obteniendo un 8,1 de nota, lejos del “suspenso que recibimos en el 2015 cuando gobernaba María Dolores de Cospedal”.
Además, en este tiempo se han reducido las listas de espera en un 39%, frente al 16% de media nacional, y se ha recortado el tiempo “en el limbo de dependencia”, hasta ser la segunda comunidad autónoma con mejores resultados.
Y en los dos últimos años se han generado más de 6.666 empleos en Castilla-La Mancha ligados a la Dependencia, hasta llegar en 2021 a las 23.366 personas trabajando en este sector.
En estos momentos están atendidas en Castilla-La Mancha más de 63.800 beneficiarios, que casi duplican los 34.670 de 2015.
En materia presupuestaria, ha subido un 57% la partida presupuestaria en dependencia, pasando de 372 millones en 2015 a 586 millones en 2022.
Estos datos “nos posiciona en la segunda comunidad autónoma que mejor atención a la dependencia damos a la ciudadanía”, ha dicho la consejera.
