El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ofrecido este martes durante el transcurso del Debate del Estado de la Región cuatro grandes pactos en materia de empleo, financiación autonómica y fiscalidad, agua y medio ambiente.
Consciente de que es la máxima preocupación de la ciudadanía, y aunque se ha avanzado mucho y “con buenos resultados” en la materia -Castilla-La Mancha ha logrado crear 96.800 puestos de trabajo más y reducir el desempleo en 102.600 personas desde el inicio de la legislatura-, García-Page considera necesario un gran pacto por el empleo entre partidos políticos, empresarios y sindicatos.
Precisamente, el presidente autonómico ha indicado que a esta región le ha ido bien con la alianza rubricada al inicio de este mandato con los principales agentes sociales, y ahora el objetivo es prolongar ese esfuerzo conjunto para que la creación de empleo y la recuperación económica revierta al máximo en la sociedad.
Y sobre esta cuestión, García-Page ha avanzado una “iniciativa extraordinariamente importante” como es el cheque para la primer oportunidad que garantice la contratación de jóvenes con un salario de, al menos, 1.000 euros. Sin duda, una “estrategia necesaria” para dar un empujón a este sector poblacional.
Para ello, el presidente García-Page ha abogado por el diálogo, la generosidad y la mano tendida como vía que impulse un nuevo modelo productivo apoyado en los correspondientes planes específicos y estratégicos en distintos sectores que son esenciales para Castilla-La Mancha.
Sobre el segundo pacto, García-Page se ha mostrado partidario de abordar el debate sobre el futuro sistema de financiación autonómica desde los principios de ‘multilateralidad’ y solidaridad con los que garantizar el blindaje en acceso igualitario a la educación, la sanidad y los servicios sociales, un compromiso que el presidente regional plasmó meses atrás en el llamado ‘Acuerdo de Zaragoza’ junto a otras cinco comunidades autónomas.
Además, también ha propuesto que sea el Estado el encargado de gestionar ciertos impuestos hasta ahora transferidos a las comunidades autónomas, como por ejemplo, los relativos a patrimonio, sucesiones y donaciones.
Aclarar competencias
En este sentido, García-Page se ha mostrado partidario de establecer claramente las competencias del Estado y de las comunidades autónomas para ganar en eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos que se prestan a la sociedad castellano-manchega.
Otro de los caballos de batalla para los intereses de la tierra y a los que se ha referido el presidente García-Page es el relativo a la política hidrológica. Y aquí ha insistido en la necesaria unidad de acción entre todos para sacar adelante un pacto social “inevitable” entre empresarios, organizaciones agrarias, sindicatos y comunidades de regantes que defienda y garantice el agua en cantidad y calidad como elemento esencial para el desarrollo de Castilla-La Mancha.
Un documento en el que no se obvie la lógica solidaridad con otros territorios cuando el abastecimiento humano sea posible y necesario, pero que fije a la vez de forma clara que “hay que poner fin al trasvase Tajo-Segura”, un recurso innecesario para el Levante si las desalinizadoras funcionan a pleno rendimiento.
Finalmente, el presidente García-Page ha destacado que a los “innumerables compromisos y anuncios” adquiridos en su toma de posesión como presidente de Castilla-La Mancha “ya ha sustanciado y cumplido el 83 por ciento”. Unos anuncios en positivo siempre referidos a la construcción de centros de salud o reinicio de las obras de hospitales, mientras que los anuncios del anterior gobierno eran “anuncios por liquidación”, ha concluido.
