En lo que va de año, un total de 21.282 personas, más del 45 por ciento menores, se han beneficiado de alguna de las medidas del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en esta legislatura para proporcionar apoyo económico a los hogares que se encuentran en situación de pobreza severa para afrontar el pago de los suministros energéticos, proteger a los consumidores vulnerables, actuar ante situaciones de endeudamiento que puedan conllevar cortes de suministros eléctricos, y garantizar la protección diferenciada de los derechos de los consumidores energéticamente vulnerables a través de la Red Regional de Oficinas de Atención al Consumidor.
Para conseguir estos objetivos, dentro del Plan se articulan medidas preventivas, dirigidas a mejorar el bienestar y el confort de manera permanente, proporcionando apoyo económico a los hogares cuando la situación lo requiera, y medidas correctivas, que tienen como objeto paliar una situación puntual y son importantes para hacer frente a situaciones de urgencia, en las que si no se actúa existen consecuencias inmediatas, como cortes de suministros energéticos.
Dentro de las medidas preventivas se encuentran las Ayudas Económicas Preventivas para garantizar los suministros energéticos, dotadas con un importe anual de 150 euros y se prescriben principalmente en época invernal hasta el mes de marzo a propuesta de los Servicios Sociales de Atención Primaria, aunque se contempla que haya familias que puedan recibir dos ayudas en el mismo año.
En lo que va de año, 6.019 familias han recibido la ayuda de 150 euros, 3.526 de las cuales la habían recibido en alguno de los dos años anteriores y 504 familias la han recibido dos veces en 2018.
La Entidad encargada de gestionar las Ayudas Económicas Preventivas es Cruz Roja, a la que el Gobierno regional ha concedido una subvención directa para 2018 por un importe de 1.000.000 euros, con el objeto de agilizar y simplificar la tramitación de las mismas.
Las Ayudas Económicas Preventivas tienen un carácter preventivo y no interfiere en el normal desarrollo de las medidas del Plan de Pobreza Energética y en ningún caso ponen en peligro la posible paralización de un corte de suministro energético, cuya operativa con las compañías energéticas funciona con normalidad. Además, el Gobierno regional dispone también de Ayudas de Emergencia Social, cuya normativa fue modificada para que en casos de pobreza energética se tramitasen de manera inmediata ante un corte de suministro energético.
Hasta la fecha, la Consejería de Bienestar Social, gracias al Plan contra la Pobreza Energética, ha paralizado 519 cortes de suministro energético y sólo ha sido necesaria la reposición del mismo en 83 casos. Sólo ha sido preciso tramitar Ayudas de Emergencia Social ordinarias del Gobierno regional en 214 familias, lo que indica que la operativa y las ayudas preventivas u otras ayudas de entidades sociales están siendo efectivas para que en el plazo de cinco meses se haga el pago de la factura que origina el corte. Desde la puesta en marcha del Plan se han realizado más de 1.200 paralizaciones y reposiciones, de modo que el total de beneficiarios supera los 68.000, más de 31.000 menores.
Las medidas que forman parte del Plan contra la Pobreza Energética tienen carácter complementario, es decir, que las unidades familiares pueden acceder a cada una de ellas, sin que el hecho de recibir alguna impida el acceso a otras. Entre ellas se encuentran, además de las Ayudas Económicas Preventivas para garantizar los suministros energéticos y las Ayudas de Emergencia Social para prevenir cortes de suministros energéticos, el acuerdo de paralización del proceso de cortes de suministros energéticos y reposición, en el caso de que se hayan suspendido, con las compañías energéticas con las que se ha suscrito convenios, Gas Natural e Iberdrola; el Abono de Impago de Suministros Energéticos a través de las Ayudas de Emergencia Social; la cofinanciación del 50 por ciento de la factura de los hogares que tengan reconocido el bono social como consumidor vulnerable severo, siempre que se encuentre en riesgo de exclusión social, y así se haya prescrito por el trabajador o trabajadora Social de Atención Primaria; y las Acciones de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, como son las acciones informativas y educativas, el Sistema Arbitral de consumo y los mecanismos de resolución extrajudicial.
Se pueden beneficiar de estas medidas las unidades familiares que residan en Castilla-La Mancha y que tengan reconocido el Bono Social como vulnerables o vulnerables severas, los hogares en situación de pobreza severa que tengan niños o niñas a su cargo con edades comprendidas entre los 0 y 16 años, o las unidades familiares que tengan Historia Social en los Servicios Sociales de Atención Primaria. Además, con carácter excepcional podrán acogerse a este Plan aquellas familias en situación de extrema necesidad cuando el profesional valore que el acceso al Plan está suficientemente motivada por las circunstancias personales, relaciones y/o ambientales de la unidad familiar, y que reforzará la intervención que se esté llevando a cabo con la misma.
