En un duro escrito desvelado por Diario 16, la abogacía del Estado se ha opuesto a la demanda formulada por María García García, esposa del fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz, contra la Confederación Hidrográfica del Tajo, en la que pedía la declaración de nulidad de la orden de demolición de su chalet construido en la urbanización El Gran Chaparral de Pepino, presuntamente en el cauce del arroyo Berrenchín.
Según publica Diario 16, la demanda de María García está firmada por el abogado Francisco Javier González de Rivera y fundamenta su pretensión de nulidad, entre otras cuestiones más superfluas, en que “no existe ningún cauce público en las inmediaciones del chalet”. Una alegación calificada por el abogado del Estado como “carente absolutamente de sentido”, solicitando al respecto que se practique una prueba pericial para que se deje constancia de la existencia en el entorno del chalet del arroyo Berrenchín.
La orden de demolición no ha caducado
Por lo demás, el abogado del Estado insiste en que la orden de demolición no ha caducado ni prescrito ya que “no han transcurrido 15 años desde que se acordó la ejecución”, dejando también constancia en su escrito la expresa imposición de costas a la mujer del fiscal decano “por la falta absoluta de sentido de sus alegaciones”.
A raíz de estas consideraciones de la abogacía del Estado, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por Fernando Presencia, juez decano de Talavera hasta su inhabilitación, ha formulado denuncia contra la esposa del fiscal talaverano ante la Fiscalía General del Estado por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente.
Este asunto, denunciado por Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias, ya ha pasado por la Fiscalía de Castilla-La Mancha, por el Congreso de los Diputados, por el Tribunal Superior de Justicia regional y ahora por la abogacía del Estado.
