El portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, ha anunciado este lunes que ha remitido a la Comisión de Garantías Democráticas estatal de la formación morada la solicitud de apertura de expedientes disciplinarios al secretario regional y a la secretaria de Organización, José García Molina y María Díaz, así como al secretario de Comunicación, Julio Pérez, por “difamación e injurias”.
En rueda de prensa, Llorente ha señalado que se trata de “infracciones” calificadas como “muy graves” en los estatutos de Podemos, y ha lamentado que la dirección regional del partido haya respondido a su emplazamiento a colaborar en defensa de su programa y de sus iniciativas parlamentarias con “difamaciones” y con el anuncio de una “presunta” apertura de expediente disciplinario.
Llorente ha explicado que lo denomina “presunta” porque hasta esta mañana no ha recibido notificación alguna de que se haya solicitado la apertura de dicho procedimiento, pero sin embargo ha asegurado que él sí ha remitido su solicitud a la Comisión de Garantías.
Además, ha resaltado que la decisión de abrir un expediente no la puede adoptar “unilateralmente y por su cuenta” ni García Molina ni Díaz, y ha indicado que comunicó su decisión de abandonar el pleno de manera previa a su compañera de bancada, que le mostró su desacuerdo, pero ha incidido en que cree que él hizo “lo correcto”.
Por su parte, fuentes de Podemos en Castilla-La Mancha han confirmado a Efe que el expediente contra Llorente sigue su curso y avanza en tiempo y forma según lo establecido en el reglamento del partido, al tiempo que han señalado que ni García Molina ni Díaz ni Pérez han recibido ningún tipo de comunicación relacionada con un posible expediente disciplinario.
Llorente ha especificado, con respecto a su solicitud de expedientes disciplinarios, que considera que María Díaz “ha atentado de nuevo gravemente” contra su honor y reputación, según establece el artículo 12 de la declaración de Derechos Humanos y el artículo 75 de los estatutos de Podemos, al acusarle de estar “negociando con el PP” sus votos y que esto responde a “intereses personales”, algo que ha dicho es “obviamente falso”.
Ha recordado que la diputada regional hizo algo similar cuando se filtró un documento en el que un grupo interno de Podemos le acusaban de “machista” y dio estas acusaciones por ciertas y veraces, pese a que luego “se demostró que las actuaciones no tenían fundamento porque no dieron lugar a denuncia alguna ante ninguna instancia ni interna ni externa”, ha subrayado.
Difusión
Con respecto a García Molina, Llorente ha indicado que el expediente disciplinario debe abrirse por haber difundido las acusaciones de Díaz por redes sociales y por su canal de Telegram, haciéndose de este modo “partícipe” y asumiendo y avalando lo dicho por Díaz.
También cree que debe ser expedientado el secretario de Comunicación, Julio Pérez, por difundir esta misma información a través de las redes sociales oficiales del partido además de por “vetar y censurar sistemáticamente” el trabajo parlamentario del solicitante.
Por estas “infracciones graves”, ha agregado Llorente, los estatutos de Podemos contemplan desde sanciones económicas a inhabilitación para desempeñar cargos, e incluso suspensión de afiliación o expulsión del partido.
“Es triste tener que llegar a esto, pero tengo derecho a defenderme y no voy a permitir que se me difame impunemente”, ha manifestado David Llorente.
Preguntado por las consecuencias electorales que puede conllevar esta situación interna de la formación, ha responsabilizado de ello a la Ejecutiva regional del partido encabezada por su secretario regional, y por otro lado ha reiterado que no se plantea marcharse de Podemos y que va a seguir estando “donde debe”, donde le pusieron los ciudadanos en las elecciones autónomas de 2015.
Por último, ha reiterado su advertencia al PSOE de que “no puede dar por sentado que cuenta con mayoría parlamentaria porque no la tiene”, y ha añadido: “No soy un brazo de madera ni un apéndice del grupo parlamentario socialista”, por lo que no descarta volver a abandonar un pleno o comisión si no reconsidera su proposición sobre minería de tierras raras y dependiendo del asunto que se debata en cada momento.
