El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto por el que se promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y para facilitar la redistribución de alimentos en la región, dotando a las administraciones de un instrumento para realizar iniciativas de sensibilización e información sobre las causas y consecuencias del desperdicio de alimentos, los medios para reducirlo y el fomento de una cultura cívica para su redistribución.
El portavoz regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de un Decreto que “promueve la adhesión voluntaria de todos los operadores de alimentos radicados en la región y no establece obligaciones en sí mismo, ya que lo busca es promover la economía circular y la reducción del desperdicio alimentario a través de una serie de programas y medidas a las que podrán acogerse de manera voluntaria las empresas y personas que operen en la cadena de producción y distribución de alimentos para su venta o consumo”.
Así, ha indicado, se incluye un Código de Buenas Prácticas, que afectará a los productores y distribuidores que lo suscriban y que se reconocerá a través de un “sello de calidad adicional” otorgado por la Consejería competente en materia de consumo. La adhesión a dicho Código se formalizará a través de la firma de convenios con las organizaciones sectoriales correspondientes, asociaciones de personas consumidoras y otras entidades benéficas y de carácter social.
“No tiene vocación de vigilancia”
Hernando ha precisado que el Decreto “no tiene vocación de vigilancia y, por tanto, sancionadora de prácticas contrarias a las medidas de prevención” ya que se trata de “medidas de índole positiva” encaminadas a fomentar la participación en la estrategia regional que elaborará el Foro para la reducción del desperdicio de alimentos, órgano consultivo y asesor cuya creación viene recogida en el Decreto y que se constituirá en un plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor del mismo.
Asimismo, contempla la puesta en marcha de distintas acciones de sensibilización e información dirigidas a la ciudadanía en general, y de manera especial al ámbito educativo, así como a los operadores de la cadena de producción, distribución y venta de alimentos, entre ellas la elaboración de guías didácticas para abordar el desperdicio alimentario en los diferentes sectores agroalimentarios, la hostelería y la restauración.
