Una mujer ha sido condenada este miércoles en Toledo con una orden de alejamiento y una multa económica por amenazar de muerte a una docente en presencia de sus alumnos y los compañeros del centro, un caso que se suma a los más de ocho registrados en la provincia en los últimos 15 días.
Este aumento significativo de las agresiones, insultos y vejaciones de profesores por parte de padres de alumnos, supone para el presidente del Sindicato de Enseñanza Pública en Toledo (ANPE), Julio César Casarrubios, algo “alarmante e indignante” con el “agravante que supone cuando se trata de familias, que en muchos casos, reciben ayudas por parte del Estado”, ha indicado en declaraciones a Efe.
“Queremos lanzar un grito a la sociedad porque nos estamos cargando la linea de flotación de nuestra sociedad” ha reclamado Casarrubios, porque ha considerado que “no se puede agredir a quien está educando y encima recibiendo dinero público”.
El presidente de Anpe en la provincia toledana ha asegurado que existe reincidencia con padres “que ya han agredido a docentes en casos mediáticos y que han vuelto a amenazar a otros profesores” por lo que ha denunciado que la Administración “tiene que hacer algo, porque la situación no cesa”.
Juicio rápido
En referencia al juicio de este miércoles, Casarrubios ha informado de que se ha tratado de un juicio rápido en el que constaban tres agresiones anteriores, hasta que la víctima “no ha podido más” y ha pedido que las sentencias deben ser “ejemplarizantes”.
En la región, existe la Oficina del Defensor del Profesor en Castilla-La Mancha desde al año 2005 donde los profesionales pueden solicitar asesoramiento jurídico y psicológico, como es el caso de un profesor que recientemente ha solicitado ayuda porque “está acobardado, ya que han amenazado de muerte a sus hijos y se encuentra en tratamiento psiquiátrico”, según ha contado Casarrubios.
ANPE ha mostrado su repulsa a través de un comunicado ante el aumento de estas agresiones y ha informado de que los hechos se han registrado en varios centros de Toledo capital y en los municipios de Talavera de la Reina, Ocaña, Ugena, Belvís de la Jara, Alameda y Carranque.
Este sindicato ha exigido a la Dirección Provincial y a la Consejería de Educación que den todo el respaldo legal y apoyo necesario a los profesores agredidos y han pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que este miércoles ha visitado los Juzgados de Toledo, que este tipo de agresiones no sean juzgadas como una falta sino como un atentado contra la autoridad pública tal y como recoge el artículo 550 del código penal.
