La Fiscalía y la defensa del guardia civil acusado de cohecho y falsedad documental continuada han acordado una pena de dos años de prisión e inhabilitación durante tres años y medio después de que asumiera su autoría en los delitos que se le imputan en la vista celebrada en la Audiencia provincial de Toledo.
La pena se ha rebajado de los nueve años y medio de prisión e inhabilitación por 15 años y dos meses que pedía inicialmente la Fiscalía, por la dilación del procedimiento, tal y como prevé la ley ya que los hechos se produjeron en el año 2010 y han pasado nueve años hasta el juicio por un problema en dicho procedimiento.
También han acordado reducir la pena propuesta para un segundo acusado, de cohecho propio activo, para el que la Fiscalía había solicitado un año y seis meses de cárcel y finalmente se queda en seis meses de prisión y una multa de 75 euros con la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilación extraordinaria e indebida del procedimiento.
Según han explicado el fiscal-jefe de Toledo, Antonio Huélamo, y la fiscal del caso Marta Holgado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la vista, el acuerdo se ha producido en la misma mañana de este lunes porque el acusado ni siquiera se había puesto en contacto previamente al juicio con su letrada que, no obstante, había presentado una renuncia que ha retirado este lunes.
El acuerdo mantiene la acusación contra el guardia civil por un delito de cohecho propio pasivo, por el que se le condenará a un año de prisión, multa de 150 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público y en concreto para el ejercicio de la función como guardia civil durante tres años y seis meses, por lo que no podrá volver al servicio.
Asimismo, por el delito continuado de falsedad en documento oficial se le condenará a otro año de cárcel y multa de diez meses con cuota diaria de seis euros, a lo que se sumarán las costas procesales y el comiso y la destrucción de los documentos falsos.
Dilación
La fiscal ha subrayado que la rebaja de las penas obedece fundamentalmente a la dilación del procedimiento, nueve años y medio, ya que la ley recoge que se puede rebajar la pena en un grado y es lo que se ha aplicado.
Los hechos por los que los acusados se han sentado en el banquillo tuvieron lugar entre abril y julio de 2010, período en el que el guardia civil pidió 300 euros a un solicitante de renovación de licencias de armas, al que expidió las mismas en un soporte que había dejado de utilizarse en 2008 e incluso con un sello que no correspondía a los usados por la oficina de la Intervención de Armas y Explosivos.
El solicitante de las licencias le entregó al guardia civil los 300 euros que le había pedido pese a que el valor de las tasas para la renovación era de 10,68 euros cada una de las licencias, de lo cual era conocedor porque las había gestionado en ocasiones anteriores.
Por ello, la fiscal ha considerado que lo hizo con el objetivo de conseguir un trato de favor para la agilización del proceso de renovación.
Además, la fiscal ha incluido en el acuerdo alcanzado, como ya establecía en el escrito de acusación, que una vez dictada la sentencia que ponga fin a este procedimiento se notifique a la asesoría jurídica de la Guardia Civil para que lo pueda tener en cuenta en relación al procedimiento disciplinario incoado al acusado.
