El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha reunido esta semana con representantes de dos asociaciones del sector del juego en la región, un encuentro que ha servido para trasladarles las líneas generales de la nueva Ley del Juego que el Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando.
En esta reunión con representantes de la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla-La Mancha (Famacasman) y de la Asociación de Empresas de Establecimientos de Juego de Castilla-La Mancha (Aescam), en la que estuvo presente la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons, también se analizó la actual situación de este sector en la región.
En este sentido cabe recordar que la actual Ley del Juego ha facilitado la apertura de este tipo de establecimientos en Castilla-La Mancha, lo que en los últimos años está generando una creciente preocupación social por la repercusión negativa que en muchos municipios puede tener en ciertos colectivos como los menores de edad o las personas con problemas de adicción.
Prevención y juego responsable
Ante esta problemática, tal como ha trasladado Ruiz Molina a los representantes de las asociaciones, es necesario ahondar en el fomento de la prevención y el juego responsable, ser más restrictivos en la autorización de nuevos establecimientos, incrementar la actuación inspectora y establecer un régimen sancionador más duro para las infracciones más graves, fundamentalmente las relacionadas con el acceso de menores a los establecimientos de juego.
Tal y como ha indicado Ruiz Molina en el desarrollo de la reunión, se trata de equilibrar los intereses legítimos de una actividad empresarial que es legal y que actualmente da trabajo a unas 3.000 personas en la región, con las externalidades negativas que pueden afectar al conjunto de la sociedad o a colectivos concretos.
El presidente de Famacasman, Ramón Penadés Useros; el presidente de Aescam, Félix Jiménez Morante, y el secretario general de ambas asociaciones, Jesús María Molina del Villar, que fueron los asistentes a este encuentro en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ofrecieron su colaboración de sus asociaciones en la elaboración de la nueva normativa.
