La Constitución española en su artículo 14 recoge el derecho de todos los españoles a no ser discriminados por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” estableciendo en su artículo 9.2 que son los poderes públicos a quienes corresponde la promoción y protección de las condiciones necesarias para la igualdad efectiva del individuo y de los grupos para lo cual deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
La violencia machista es probablemente la violación de derechos humanos más habitual y que afecta a mayor número de personas, estando presente en todas las sociedades del mundo, independientemente de su sistema político o económico. La violencia contra las mujeres no entiende de culturas, ni de clases sociales ni de etnias, manifestándose de diferentes maneras y en múltiples espacios, pero con una raíz única: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo y que en los casos más extremos las hacen perder la vida a manos de sus parejas o ex parejas.
Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
En nuestro país, en lo que va de año han sido 48 las mujeres fallecidas, dos de ellas en nuestra comunidad autónoma.
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas a involucrarnos en la prevención y la respuesta a la existencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos que se siguen produciendo en España, y seguir avanzando como hemos hecho con legislaciones como la estatal Ley integral contra la violencia de género de 2004 y la primera ley autonómica de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha en 2001.
Los organismos públicos, como instituciones que debemos garantizar las políticas de igualdad a los ciudadanos y ciudadanas, somos imprescindibles para la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la Ley estatal de 2004.
En el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá en julio de 1981, se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y en 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hoy, 25 de noviembre, la Diputación Provincial de Toledo se suma a las muestras públicas de rechazo ante esta situación con la que convivimos y que no podemos consentir que se mantenga en el tiempo, ni que se institucionalice ni se convierta en habitual.
Por ello, proponemos la adopción de medidas como:
- Destinar los recursos personales, materiales y políticos para fomentar la igualdad, desarrollar proyectos de prevención y dotar de atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia machista, en el ámbito competencial que nos atañe.
- Apoyar a los organismos, instituciones y/o asociaciones a que se mantenga una atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato que incluya rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género.
- Contribuir, en la medida de nuestras competencias, a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar y aportando, en su caso, los talleres o medios humanos y materiales para hacer efectivo estas políticas de igualdad.
- Sensibilizar contra el sexismo en el desarrollo de actividades culturales, de organización de festejos, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de nuestra competencia o responsabilidad.
- Trabajar por la erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en nuestras actuaciones y servicios.
Diputación de Toledo, 25 de noviembre de 2015.
