El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la ampliación, en un mes a contar desde que finalice el estado de alarma, de los plazos de presentación y pago de las autoliquidaciones de todos los tributos que gestiona la Junta de Comunidades como respuesta a una demanda del sector empresarial.
Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Gobierno junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la que ha informado de la aprobación de una orden que será publicada este miércoles en el Diario Oficial.
Ruiz Molina ha destacado que con esta medida el Ejecutivo autonómico pretende cumplir con tres objetivos que son atender las demandas de los ciudadanos y empresas, inyectar liquidez a las economías domésticas en esta situación “especialmente crítica” y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El titular regional de Hacienda ha concretado que la nueva orden supone ampliar en un mes, a partir de que finalice la vigencia del estado de alarma, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de todos los tributos, “tanto propios como cedidos”, que gestiona la comunidad autónoma.
Por lo tanto, la medida está dirigida a las liquidaciones cuyo plazo finalice durante el estado de alarma, ha precisado.
Estas liquidaciones afectan, sobre todo, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a las tasas, al canon eólico, a las tasas por Inspección Técnica de Vehículos (ITV), a las tasas cárnicas y a los tributos sobre el juego.
Sobre estos últimos, ha dicho que en lo que respecta al pago de las tasas por máquinas recreativas que debía realizarse entre el 1 y el 20 de abril, se aplaza al período entre el 1 y el 20 de julio.
Forma telemática
En cualquier caso, ha indicado que si el contribuyente lo considera, podrá hacer uso del portal tributario y hacer el pago de forma telemática, en los plazos inicialmente establecidos.
Respecto a las repercusiones desde el punto de vista de las finanzas públicas, esta medida supone un retraso en la percepción de los ingresos públicos de los que se nutre la Administración regional, que ahora está destinando más gastos a Sanidad debido a la crisis del coronavirus y que percibirá menos ingresos a causa del retraso del pago de los impuestos.
En este sentido, ha detallado que esta repercusión económica asciende a más de 58 millones de euros que deben pagar 42.000 sujetos pasivos y que el 75 por ciento de la cuantía de los ingresos y el 98 % de los sujetos pasivos se refieren, fundamentalmente, a dos impuestos.
Por un lado, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del que estiman que 31.000 liquidaciones podrían prorrogarse y que supondrían más de 36 millones; y por otro lado el impuesto de sucesiones y donaciones, que afectaría a unos 10.000 ciudadanos por un importe de más de 7,5 millones de euros.
De igual forma, la prórroga de la tasa fija de máquinas recreativas afectará a 231 empresas y supone un montante total de 9 millones de euros.
Ruiz Molina ha asegurado que las prórrogas, el retraso en el pago y la ampliación de los plazos para la declaración de autoliquidaciones “no devengarían en ningún caso en intereses de demora”, ha concluido.
