Los trabajadores del transporte sanitario de Castilla-La Mancha se han concentrado este viernes ante el Hospital Virgen de la Salud, de Toledo, y en la Consejería de Sanidad, para exigir a las tres empresas adjudicatarias del servicio en la comunidad autónoma que paguen a sus plantillas los salarios fijados en el convenio colectivo.
Se trata de la novena jornada, dentro del calendario de convocatorias de huelga del transporte sanitario organizada durante el mes de octubre, para denunciar el incumplimiento del convenio colectivo firmado en el mes de febrero, con carácter retroactivo desde enero, y que supone un retraso acumulado de más de 1.700 euros por cada trabajador.
La secretaria regional de CCOO-FSC, Lola Cachero, ha lamentado que la cantidad que se debe es “mucho dinero para unos salarios que no son nada boyantes, no es precisamente un servicio bien pagado, y menos cuando llevan nueve años sufriendo recortes y una pérdida de poder adquisitivo increíble”.
Ha recordado que el transporte sanitario en Castilla-La Mancha fue adjudicado por 69 millones de euros al año durante el Gobierno que presidió José María Barreda, que el Gobierno de María Dolores de Cospedal lo adjudicó por 61,5 millones, y que en el año 2017 el Gobierno de Emiliano García-Page lo licitó por 64,5 millones y lo adjudicó por 58 millones de euros.
Cachero ha apuntado que la ultima licitación ha supuesto un recorte del 15,9 por ciento con respecto a la que se hizo bajo el Gobierno de José María Barrera, y del 5,7 por ciento en relación a época de María Dolores de Cospedal.
“Recortes”
A su juicio, se trata de “una barbaridad de recortes”, con los que resulta “imposible” prestar un servicio como es el de trasporte sanitario.
Asimismo, ha reclamado al Gobierno regional que cumpla con el compromiso de “poner sobre la mesa” el montante económico de la licitación, y ha exigido un documento firmado en el que aseguren hacerse cargo de lo que se comprometieron, y que a su vez las empresas adjudicatarias cumplan con el convenio firmado.
E igualmente ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que intervengan en el conflicto del transporte sanitario, porque “no nos podemos permitir que esta comunidad autónoma tenga un servicio público esencial con estas condiciones”.
“No nos pueden engañar más, la ciudadanía y los trabajadores de este servicio público esencial no se merecen esto”, ha aseverado Cachero.
