Tal y como adelantábamos hace unos días, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria ha publicado en el BOE el anuncio por el que se somete a información pública el Estudio Informativo del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, en el tramo comprendido entre la capital de España y Oropesa, e iniciar el correspondiente proceso de información pública y audiencia de administraciones.
La aprobación provisional del estudio implica la declaración de que el mismo está bien redactado y cumple todos los requisitos y prescripciones legales y reglamentarias para permitir practicar la información pública y audiencia de administraciones correspondientes, antes de su aprobación definitiva.
Así, en virtud de la aprobación provisional y conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 de la vigente Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho estudio por un período de 45 días hábiles, contados a partir de este jueves, para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado en la medida en que afecte al interés general.
Con este objeto, la documentación completa podrá ser consultada a través de internet, en la dirección: https://www.mitma.gob.es/ ferrocarriles/estudios-en-tramite/estudios-y-proyectos-en-tramite/madrid-oropesa.
Suspensión de autorizaciones y licencias
Asimismo, de acuerdo con el artículo 7.2 de la misma ley, en las zonas afectadas por los trazados y actuaciones ferroviarias objeto de esta información pública, las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas.
Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación del anuncio de información pública, el cual podrá prorrogarse motivadamente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por un plazo máximo de seis meses.
El trámite de información pública y audiencia lo es a los efectos de la mencionada Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y de la legislación medioambiental, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, las observaciones que se formulen podrán también versar sobre el impacto ambiental de las obras.