Hoy hace un año presidí por primera vez en esta legislatura la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que me sirvió para tener una primera toma de contacto con los representantes de los trabajadores de la Junta y presentarles las líneas generales de actuación que iba a llevar en estos próximos cuatros años en materia de recursos humanos.
Ha sido un año en el que hemos avanzado bastante en recuperar el diálogo social, así como las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos que les fueron arrebatadas en los cuatro años anteriores.
Y desde esa voluntad política de alcanzar el máximo grado de acuerdo con la parte social suscribimos el pasado día 1 de febrero en la Mesa Negociadora un acuerdo para mejorar las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos sin que afectase a la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha.
Un calendario claro para recuperar la paga extra suprimida en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy; de la cual ya hemos abonado en las nóminas de octubre y mayo un 50% pendiente; la rebaja de un 3% de las retribuciones de los empleados públicos de la Junta, conocida como la Tasa Cospedal porque fue la única comunidad autónoma que adoptó esa medida en la anterior legislatura; los días de libre disposición y antigüedad y permiso por incapacidad laboral temporal o la posibilidad de retener el talento permitiendo la prolongación en el servicio activo a los mayores de 65 años.
Este acuerdo llegó después que el Gobierno de García-Page hubiera adoptado otras medidas que reparaban el daño causado en la anterior legislatura no solo a los empleados públicos sino también a la calidad de los servicios públicos, especialmente de aquellos que sustentan el Estado del Bienestar Social, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia.
Así, restablecimos la jornada laboral de 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2016, cumpliendo el compromiso adquirido por el presidente García-Page con los empleados públicos, y que tenía como objetivo generar más empleo público, una mejora en la prestación de los servicios públicos y una mayor conciliación de la vida laboral y familiar de los 70.000 empleados públicos de la Junta.
Lamentablemente, este derecho recuperado bajo el paraguas de una ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha, está en estos momentos suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso interpuesto por el Gobierno en funciones de Rajoy ante el Alto Tribunal contra esta medida.
También cumplimos con nuestro compromiso de readmitir a los 189 interinos despedidos ilegalmente por el Gobierno de Cospedal en agosto de 2012 tras el allanamiento a los recursos presentados por el anterior Gobierno para evitar su reincorporación.
Y hemos acabado este primer año de legislatura con la convocatoria de dos ofertas de empleo público en Educación, Sanidad y Administración General, con un total de 2.244 plazas; la contratación de 1.755 nuevos profesionales, en 2016, de los cuales 1.042 en sanidad; 404 en Educación; 189, interinos despedidos en 2012; 120, técnicos de empleo; y el inicio de las negociaciones del nuevo convenio del personal laboral de la Junta.
Quizás, alguno entienda que ese ritmo debía haber sido más rápido, pero para el Gobierno de García-Page su principal premisa es compatibilizar la recuperación de los derechos de los empleados públicos con la recuperación de los derechos también arrebatados en la anterior legislatura a los colectivos más vulnerables de la sociedad y los más castigados por la crisis económica, como son los desempleados, dependientes o pensionistas, respetando siempre el equilibrio presupuestario tan necesario en la Junta.
Ese es nuestro objetivo y estoy convencido de que lo vamos a cumplir al cien por cien en esta legislatura, desde el diálogo y el consenso con los empleados públicos de la Junta.
Porque si algo ha demostrado el Gobierno de García-Page en este año que casi con los mismos mimbres que en 2015 se pueden hacer cosas muy distintas y beneficiosas para esta tierra, como es iniciar la senda de la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha
Juan Alfonso Ruiz Molina es consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
