viernes, 13 diciembre 2024
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La Junta llevará los planes de cuenca hasta los tribunales europeos

cruz y arroyo
Un momento de la rueda de prensa ofrecida por De la Cruz y Martínez Arroyo este lunes

“Vamos a recurrir porque pensamos que vulneran los intereses de Castilla-La Mancha y porque perjudican los intereses de los castellano-manchegos”. De esta forma ha ratificado ese lunes Elena de la Cruz, consejera de Fomento, la firme decisión del Gobierno que preside Emiliano García Page de recurrir ante el Tribunal Supremo y en su momento también ante los tribunales europeos como ya hizo con el Memorándum del río Tajo, los planes de cuenca de este cauce y los del Júcar, Segura y Guadiana, cuatro de las 12 demarcaciones aprobadas por Real Decreto en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Acompañada por el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, De la Cruz también llamaba la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya conseguido aprobar el segundo ciclo de planificación hidrográfica antes del 31 de diciembre, como exigía la Unión Europea. Por ello, la consejera de Fomento anuncia que la Agencia del Agua y los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades están estudiando también las posibles implicaciones del incumplimiento de los plazos fijados.

Desde el Gobierno regional se resumen en cinco las razones para oponerse al contenido de los planes de las cuencas del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana. En primer lugar porque no tendrían en cuenta los derechos prioritarios de la cuenca cedente. Tampoco respetan los caudales ecológicos, siendo “claramente insuficientes” los recogidos. No tienen en cuenta el impacto del trasvase Tajo-Segura en la economía de la cabecera del río.

En cuarto lugar aludía al “atropello” que suponen las “escasas” inversiones de las respectivas Confederaciones Hidrográficas en los tramos de los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha y, por último, el hecho de que la nueva planificación no contemple nuevas infraestructuras para incrementar la capacidad de desalación en las regiones levantinas y de esta forma disminuir el impacto provocado en la región debido a las continuas derivaciones de agua a causa del déficit del Segura.

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