El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017, que asciende a 8.919,8 millones de euros, aumenta un 5,9 por ciento respecto al año pasado y destina 13,7 millones de euros al día a financiar el Estado del bienestar; 5,4 a impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo y 1,7 a inversiones.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha explicado en una rueda de prensa, acompañado por el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en la que ha resaltado que las cuentas regionales para este año, que aumentan en 499,6 millones respecto a 2016, permitirán seguir avanzando en la recuperación social y económica de la región, continuar cumpliendo con los compromisos adquiridos con los ciudadanos y avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas.
Ruiz Molina ha destacado que el proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha prioriza el gasto social, contiene importantes instrumentos dirigidos a potenciar el crecimiento económico como fórmula para generar empleo, está elaborado con prudencia y realismo por lo que se puede calificar como solvente desde un punto de vista financiero, es fruto del diálogo social en la medida en que recoge aportaciones de agentes sociales y está enriquecido con aportaciones de Podemos, fundamentalmente en lo que se refiere a la implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas.
Una novedad del proyecto de Presupuestos para 2017, según ha subrayado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, es el impulso a la inversión, que aumenta un 21 por ciento y será fundamentalmente de carácter social, lo que permitirá dotar de infraestructuras básicas a los servicios públicos y generar empleo gracias al efecto multiplicador de la inversión pública.
Durante su intervención, Ruiz Molina ha explicado que el Gobierno de Emiliano García-Page se ha marcado tres grandes objetivos a la hora de elaborar los presupuestos regionales para este año. El primero y fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas, lo que implica consolidar el gasto social. En segundo lugar, generar más riqueza y empleo y, por último, mantener unas finanzas públicas saneadas, lo que permitirá cumplir con el objetivo de déficit y de deuda pública.
