Los vigilantes de seguridad de la Junta han acordado en asamblea movilizarse a la vuelta de la Semana Santa para defender sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales.
Los vigilantes ya han convocado las primeras concentraciones -el jueves día 20- frente al Palacio de Fuensalida y frente a las Cortes regionales para denunciar que “la consejería de Hacienda ha incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos”, tal y como aseguran los sindicatos.
El Gobierno regional ha entregado la contrata a una empresa con convenio colectivo propio, muy por debajo del estatal del sector.
Amenazada con acciones judiciales por la empresa, la Consejería de Hacienda no ha incluido al final en el contrato la cláusula acordada hace dos meses con los sindicatos para garantizar “que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al personal adscrito a la ejecución del contrato y durante su periodo de vigencia, serán las que resulten de aplicación conforme a lo previsto en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad”, añaden las centrales sindicales.
El conflicto tiene su raíz en la reforma laboral del PP y en la falta de previsión de la Consejería al redactar el pliego de condiciones que reguló el concurso del servicio de seguridad de las sedes de la Junta en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, que emplea en total a 130 vigilantes.
Al no explicitar nada en el pliego respecto al convenio de aplicación, la mejor oferta fue la presentada por una UTE integrada por dos empresas, una de las cuales, Sinergias Seguridad, aprovechó la reforma laboral para descolgarse del convenio colectivo estatal, estableciendo para sus plantillas unos salarios un 40 por ciento más bajos que las demás empresas del sector; y una jornada mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican el convenio estatal.
