La Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche ha remitido un comunicado a los medios de comunicación para denunciar una nueva maniobra del Ministerio. Por su interés reproducimos la misiva en toda su integridad.
“Con agosticidad y de la forma más opaca y sin ningún tipo de participación pública. De esta manera el Ministerio ha querido dar salida a las concesiones de agua del Tajo-Segura que los regantes del trasvase hace años vienen reclamando. Ya a comienzos de la presente década, esas concesiones se tramitaron, pero finalmente se quedaron sobre la mesa, tanto por la presión ejercida por la propia plataforma como otros colectivos del Tajo, como por la barbaridad que supone dar una concesión sobre un agua que no existe, agua de papel y que colocaría a los receptores del agua del trasvase en igualdad e incluso superioridad de condiciones que los verdaderos usuarios en la cuenca del Tajo.
El agua trasvasada es un teórico excedente que no puede convertirse en un derecho mediante una concesión; y tampoco se puede dar cabida en los órganos de gestión del Tajo a usuarios externos, de otra cuenca. Y lo que es más grave: no e puede recuperar el expediente paralizado hace siete años, retomarlo, no dar ni información ni audiencia a los interesados, y querer resolver el asunto durante el mes de agosto. Todo lo relacionado con el trasvase Tajo-Segura raya lo paranoico e intolerable, pero esto empieza a superar con la huida hacia adelante del gobierno de España, que incluso se permite vulnerar la legalidad para garantizar a toda costa el agua del trasvase, y crear de la nada derechos que finalmente se convertirían anualmente en suculentas compensaciones económicas.
Ya se detuvo el proceso
Desde la Plataforma ya trabajamos y conseguimos detener este proceso hace siete años. Ahora hemos vuelto a recurrir, formulando alegaciones a este procedimiento, basadas en cuatro puntos: el erróneo y elevado cálculo de los teóricos excedentes que se quieren reconvertir en concesiones; la irregularidad en la propia tramitación, con la opacidad y agosticidad a la que nos hemos referido más arriba; el derecho que tenemos (y que tienen) los colectivos del Tajo, ayuntamientos, provincias, diputaciones, gobiernos regionales e incluso el Estado portugués a ser informados y escuchados ante una decisión tan relevante; y finalmente la solicitud de información ambiental sobre el impacto que esta decisión supondrá para el Tajo y sus ecosistemas ligados.
Estamos ante la enésima conculcación de los derechos de los ciudadanos de la cuenca del Tajo. Se están riendo de nosotros, y nos están robando. Es inaceptable e insultante. Esto merece una respuesta y oposición unánime. Poco a poco nos van limando derechos a los usuarios de la cuenca del Tajo, y entregándolos a los gestores del trasvase Tajo-Segura. Como hace siete años, desde la Plataforma vamos a pelear para que esto no se así”.
