La mayoría que ejerce el Gobierno Municipal con los 11 votos del Grupo Municipal Popular y los dos votos de los concejales no adscritos Jonatan Bermejo y Montaña Palacios tumbaron en la última sesión plenaria las mociones presentadas por el PSOE para incrementar el Fondo de Emergencia Social y crear una Comisión Mixta para controlar y fiscalizar a las adjudicatarias de los servicios municipales externalizados.
Toda la oposición –Ganemos Talavera y los concejales no adscritos Juan Pedro Aysuo y Carmen Aceituno, también- ha lamentado que el Fondo de Emergencia Social se haya recortado a la mitad incumpliendo el acuerdo alcanzado en el Debate sobre el Estado del Municipio se anunció que en 2018 alcanzaría el millón de euros.
La decisión estaba tomada desde el Pleno del mes de noviembre y de nada sirvieron las argumentaciones dadas, con números e informes en la mano, aportados por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Gutiérrez, que hablan de “inversión precaria”, como es el caso del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del que se desprende que el Ayuntamiento de Talavera realiza un gasto anual por habitante de 49,81 euros “alejada de otros puntos de nuestra región como, por ejemplo, Alcázar de San Juan con 101,29 euros o de Hellín, con 115,87 euros”.
Gutiérrez también se expuso “una sencilla cuenta: si hay 30.000 talaveranos en riesgo de pobreza o exclusión, con esa cantidad (500.000 euros) sólo tocan a 16,66 euros por persona, lo que no es digno, y nosotros exigimos, ante todo, dignidad para todos los talaveranos”.
La moción fue rechazada argumentándose que el Ayuntamiento de Talavera es el único de la región que tiene un plan de emergencia social dotado con 500.000 euros y que este año se ha aumentado en 120.000 euros más por necesidad. A 14 de diciembre, desvelaron, todavía tiene remanente y fondos disponibles para asegurar la programación de ayudas y atender las necesidades que fueran solicitadas. Asimismo, se indicó que si fuera necesario en 2018 aumentar el Fondo se aumentaría como se ha hecho este año.
Lo que se obviaron son las pautas para la concesión de esas ayudas que muchas familias entienden como demasiado exigentes y no se adecúan a la realidad, por lo que no pueden acceder a ellas necesitándolas.
Fiscalización a las empresas adjudicatarias
La moción del PSOE sobre este asunto también fue rechazada con los 13 votos del equipo de Gobierno talaverano. Su viceportavoz, Santiago Serrano, dijo que “este tipo de vigilancia de la gestión de las empresas adjudicatarias, así como la garantía de las condiciones laborales del personal contratado ya se ejecuta por parte de técnicos municipales como el Interventor, las unidades gestoras o las jefaturas de servicio de cada área, que velan por el correcto cumplimiento de estos contratos.
Esta fiscalización de los contratos ya se encuentra recogida en los pliegos de adjudicación donde también se determina un responsable de la vigilancia del proyecto y del contrato por parte de la empresa y de la administración respectivamente, así como en la nueva ley de contratos que ya establece y profundiza en el control y en la fiscalización, según indicó Serrano.
Abundando en que “cada concejal controla la ejecución de los contratos de su área, avalado por los técnicos y con la fiscalización de la gestión de la propia oposición, “que tiene total libertad de acceso a los expedientes y contratos” así como lo tiene el resto de la ciudadanía como objetivo de la misión y visión de transparencia y participación municipal”.
