El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que el próximo martes, 17 de abril, se firmará en el Palacio de Fuensalida en Toledo, sede de la Presidencia regional, el nuevo Plan Regional por el Empleo y Garantía de Rentas con los interlocutores sociales, un acuerdo “que va a delimitar y establecer las estrategias” a seguir para los próximos años en la Comunidad Autónoma.
Así lo ha avanzado García-Page durante la rueda de prensa que este martes ha ofrecido en el Ayuntamiento de Illescas, donde se ha celebrado un nuevo Consejo de Gobierno de carácter itinerante, el número quince desde que comenzó la legislatura y el tercero de estas características que acoge la provincia toledana.
“Al margen de que la economía privada cree empleo, siempre va a ser necesario un empujón público”, ha asegurado el presidente antes de recordar que la región llegó a tener hasta 318.000 personas desempleadas, “un momento muy duro en el que desaparecieron los planes públicos de empleo, que a veces eran de supervivencia para miles de familias que se encontraron sin un solo ingreso”.
Afortunadamente –ha añadido– la región va por delante del conjunto nacional en la creación de empleo normal, “pero vamos muy por delante en políticas públicas de empleo”, que están permitiendo “marcar récords” en la reducción de desempleo de larga duración, del desempleo juvenil y del femenino.
La región marca el paso a nivel nacional
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dado cuenta también de dos buenos indicadores para la región que se han conocido hoy. En primer lugar, y según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza de la creación de empresas en febrero y se convierte “nuevamente” en la segunda comunidad autónoma con mayor dinamismo empresarial. En ese mismo periodo, por el contrario, la creación de empresas descendió un 1,1% a nivel nacional.
Por otro lado, García-Page se ha felicitado de que hoy se haya conocido que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con más peso de la sanidad pública sobre la privada, algo que es “consecuencia del trabajo de muchos años, menos de cuatro”, y que va en paralelo con “la gran apuesta del Gobierno regional por los servicios públicos esenciales”.
Según el quinto informe La privatización sanitaria de las Comunidades Autónomas, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) con datos de 2016 y 2017, Castilla-La Mancha es la comunidad con menos privatización sanitaria frente a otras como Madrid, Cataluña y Baleares, que son las que tienen un mayor grado de privatización sanitaria.
