La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada a finales de 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, está incidiendo de manera negativa en las poblaciones y municipios pequeños de Castilla-La Mancha, según refieren los Índices de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) de los dos últimos años, índices que elabora anualmente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, observatorio nacional integrado por profesionales del sector que vela, estudia y propone en aras de mejorar las prestaciones sociales a la ciudadanía.
Así, pese a que Castilla-La Mancha es la segunda Comunidad Autónoma que mayor porcentaje de PIB destina a los Servicios Sociales (2,15 por ciento) suspende al quedarse en el 4,5 puntos sobre diez en cobertura y prestaciones. La que más y a la vez la peor es Extremadura.
Y es que no todo depende del dinero que se destine (esfuerzo), sino que para salvaguardar los derechos garantizados y las coberturas, la centralización de los Servicios Sociales es considerada por los expertos del sector “contraproducente” ya que disminuye la eficacia y la eficiencia, precisamente –señalan- lo que ha provocado la nueva ley.
Una ley, auspiciada desde el Ministerio de Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro, que califican de “innecesaria, de motivos espurios y perversa” y que supone un duro golpe contra la democracia local y contra el Sistema Público de Servicios Sociales y que ha venido a crear un escenario de incertidumbre que amenaza la continuidad de muchos de los servicios tan necesarios para millones de personas y familias en “un atentado contra la autonomía municipal, sobre todo en zonas rurales”.
A ello se añade la reducción de presupuesto denunciada esta semana por el senador socialista Félix Ortega quién desveló que el gobierno de la expresidenta María Dolores de Cospedal había recortado “1 de cada 3 euros” que se invertían en políticas sociales.
