La portavoz del equipo de Gobierno de Talavera, María Rodríguez, ha contestado al portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Gutiérrez, tras las declaraciones efectuadas por este último en relación con los próximos presupuestos municipales.
Gutiérrez declaraba al respecto que “desaparecen, o se olvidan de incluir partidas para el cementerio, después de más de cuatro años sin hacer nada, de los 500.000 euros de ayuda a las PYMES, de presupuestar el contrato para la revisión del POM, o de la partida para pagar la plaza Juan de Herrera, después de que haya sentencia firme”.
Y es este último punto, el de la plaza Juan de Herrera, el que ha dado la oportunidad a Rodríguez de aclarar que “es un litigio que se remonta al gobierno del socialista José Francisco Rivas”, así como de manifestar que “me parece desleal y muy poco moral que el mismo PSOE que en su día se negó a aceptar el justiprecio que marcaba el Jurado Regional de Valoraciones, sea ahora el que levante la voz para criticar”.
Todo comienza en 2008
Para conocer el inicio de este litigio, hay que remontarse al 7 de noviembre de 2008 cuando los propietarios de los terrenos plantearon un recurso contencioso-administrativo contra el Jurado Regional de Valoraciones y el Ayuntamiento de Talavera, entonces presidido por el socialista José Francisco Rivas, por no estar conformes con el correspondiente justiprecio de 642.651,85 euros, fijado por ambos en el expediente de expropiación de un solar de 801,98 metros cuadrados ubicado en el número 1 de la calle Juan de Herrera.
Los expropiados, por su parte, solicitaban un justiprecio de 3.355.720,80 euros, aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha fijó finalmente el mismo en 3.175.712,91, en su sentencia de abril de 2013 por la que estimaba en parte el recurso presentado por la propiedad en 2008. El Consistorio talaverano, ya bajo el mando del desparecido Gonzalo Lago (PP), recurrió en casación al Tribunal Supremo, que volvió a fallar a favor de la propiedad. El Ayuntamiento insistió ante el Supremo con un ‘incidente de nulidad de actuaciones’, que tampoco tuvo éxito, por lo que está obligado a abonar a los propietarios del solar unos 2,5 millones de euros, la diferencia entre los 642.000 euros abonados a la propiedad en su momento y el precio fijado por el TSJ.
Al amparo del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, el solar expropiado fue destinado a la zona de ocio y parque infantil en la hoy conocida como Plaza Juan de Herrera, entre la Cañada de Alfares y la zona peatonal de San Francisco.
