El abogado Eduardo Ranz ha denunciado por “incitación al odio” a ocho alcaldes de pueblos de la geografía nacional con denominación franquista porque considera que incumplen la Ley de Memoria Histórica. De estas ocho poblaciones dos pertenecen a la comunidad de Castilla-La Mancha: Alberche del Caudillo, una Entidad Autónoma Inferior al Municipio (EATIM) que pertenece a Calera y Chozas y cuenta con 1.700 habitantes; y Llanos del Caudillo, una localidad de la provincia de Ciudad Real en la que residen 750 habitantes.
“No existe mayor exaltación de la dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes de la Guerra Civil en el apellido de su pueblo y, por tanto, no existe mayor incumplimiento de la norma”, dice Ranz. Si estas poblaciones no hacen desaparecer el apellido del Caudillo y la justicia le da la razón al abogado, hasta podrían perder las subvenciones que se las otorga de los gobiernos central y regional y de las correspondientes diputaciones provinciales.
Alberche del Caudillo
Alberche del Caudillo fue inaugurado por el propio Francisco Franco el 5 de mayo de 1956, tras ser construido este pueblo toledano por el ya desaparecido Instituto Nacional de Colonización. Salvo el nombre de la localidad, en Alberche no se encuentra símbolo franquista alguno en sus calles o plazas. Y es que desde 1983 hasta las últimas elecciones municipales, el pueblo ha estado regido por los socialistas. Estos alcaldes quitaron de la fachada del edificio del ayuntamiento el busto de Franco y las placas que le recordaban; y el último regidor del PSOE, David Rueda Ortiz, intentó realizar un referéndum para que los vecinos opinaran sobre el apellido del Caudillo, pero al final no se llevó a efecto. La verdad, es que en la entrada al pueblo figura, como denominación de la localidad, únicamente la palabra Alberche.
Ana Isabel Rivelles es la actual alcaldesa de Alberche. Tiene 46 años y se impuso por la mínima en los pasados comicios electorales al exalcalde David Rueda. Es del Partido Popular y no duda en calificar la denuncia de este abogado como “de muy fuerte”. “Esta petición –dice- es inaudita. Cómo vamos a incitar al odio si mantenemos un apellido que se ha mantenido, sin problemas y sin generar polémica, durante sesenta años. Es algo increíble, como si no tuviéramos otros problemas en España y en los pueblos”.
Rivelles deja claro que este asunto “se estudiará y si nos obligan, como administración pública que somos, tendremos que dar ejemplo y cumplir las leyes, que para esto están también los ayuntamientos”. La alcaldesa sostiene que “si nos obligan a cambiar el nombre por ley, lo haremos; pero creo que esta es una forma de avivar viejas heridas que debería de estar ya cicatrizadas desde que se votó la llegada de la democracia”.
Llanos sí hizo referéndum
A Andrés Arroyo Valverde, de 40 años de edad y alcalde de Llanos del Caudillo, esta denuncia no le quita el sueño. Eso sí, matiza que “si el juez me obliga a quitar el nombre, antes haré un referéndum ante los vecinos”. Un referéndum, por cierto, que ya se llevó a efecto en el año 2004. Entonces gobernaba el PSOE, porque hasta el pasado mes de mayo siempre Llanos ha sido gobernado por los socialistas, y el resultado que se obtuvo fue el de el setenta por ciento de los votantes a favor de no cambiar el nombre y el treinta restante a favor de cambiarlo.
“Las dictaduras son malas –señala Arroyo- y es bueno que no vuelvan a gobernar, pero eso de quitar el nombre ¿por qué? Las preocupaciones de la gente de este pueblo son otras como disponer de un empleo o arreglar los espacios deportivos y educativos. Suelo reunirme con las asociaciones y ninguna de ellas me ha pedido que quitemos el nombre. Nuestros vecinos son tolerantes, abiertos y cuentan con otras preocupaciones”.
