Tras admitir el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno central y suspender cautelarmente la ley regional que reducía de la jornada laboral de los empleados públicos de Castilla-La Mancha de 37,5 a 35 horas semanales, el Gobierno regional, los sindicatos y la mayoría de las formaciones políticas de nuestra comunidad autónoma han mostrado su rechazo a la iniciativa del presidente en funciones, Mariano Rajoy.
En este sentido, Podemos -cuyos dos diputados regionales, junto a los del PSOE, hicieron posible la aprobación de esta ley- defiende que la norma cautelarmente suspendida es “perfectamente legal y legítima”, acusando al PP de “actuar con el propósito de poner palos en las ruedas, para retrasar la recuperación de derechos que ellos mismos recortaron”.
Por su parte, el delegado regional de Ciudadanos, Antonio López, califica de “atrocidad” el recurso del Gobierno en funciones, cuya presentación atribuye a María Dolores de Cospedal. También los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical, CSIF y FSES denuncian el “nuevo ataque” a los empleados públicos por parte del PP, avisando que “este asunto puede tener sus consecuencias electorales para este partido”.
El presidente del Sindicato Médico CESM de Castilla-La Mancha, José Luis Grau, anuncia por su parte que no aceptarán que se despida a los 135 médicos contratados en virtud de la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales, calificando de “animalada” la actitud del Gobierno central en funciones con los empleados públicos de la región.
