El estudio de viabilidad económica y turística sobre el proyecto Ciudad de Vascos ejecutado por el PP y García-Tizón concluye que dicho proyecto presenta graves deficiencias e irregularidades que afectan a la adecuación del proyecto a la normativa vigente, al impacto sobre el patrimonio, al desarrollo turístico que propone, al montante de la inversión y a la sostenibilidad económica de la gestión.
Un estudio que han dado a conocer hoy los vicepresidentes de la Diputación Provincial, Fernando Muñoz y Santiago García Aranda, y que ha encargado el actual Gobierno de la institución provincial a una empresa experta en el sector turístico, GlobalBit, después de haber comprobado que el proyecto de García-Tizón no incluía el estudio de viabilidad que era necesario antes de aprobar el proyecto y, sobre todo, antes de invertir seis millones de euros en el mismo.
Respecto a la propuesta que centra el proyecto Ciudad de Vascos, que es el desplazamiento de los visitantes por barco, el estudio deja claro que la “capacidad del barco está más que en cuestión pues está condicionada a la autorización de navegabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo”. García Aranda ha recordado que García-Tizón no pidió -en ningún momento- la autorización de navegabilidad y que ejecutó el proyecto y compró el barco sin tener permiso para navegar.
Además, ha explicado que, según los servicios jurídicos de la Diputación de Toledo, el río Uso y el embalse de Azután no están incluidos en la relación de cauces, tramos o embalses navegables que tiene aprobada la Confederación del Tajo. Por lo que, asevera que “la navegación no es posible y, a día de hoy, no se conoce tampoco ningún procedimiento en vigor para solicitar la navegación en esta zona no navegable”.
Ante estos hechos, el mismo Santiago García Aranda asegura que “ahora entendemos perfectamente por qué el señor García-Tizón ni siquiera presentó en la Confederación Hidrográfica del Tajo, CHT, la solicitud de autorización para navegar por el río Uso”, insistiendo en que se trata de un río “no de zonas navegables donde no existe procedimiento regulado para solicitar autorización de navegabilidad”.
Respecto a la viabilidad turística del proyecto, García Aranda resalta que el informe “tal y como está concebido no será capaz de provocar una nueva dinámica turística en la zona” y que el hecho de que “el proyecto parezca orientado a grupos escolares y otros colectivos, no tanto a turistas y excursionistas, exigiría desarrollar inversiones adicionales y adaptarlas a las necesidades de niños y mayores, singularmente en el recorrido del yacimiento arqueológico”.
También explica el informe que “limitan seriamente el potencial atractivo del proyecto, como ha sido concebido, la ubicación aislada del centro de interpretación de núcleos de gran población y la falta de opciones turísticas en el entorno inmediato”.
Además, el proyecto de García-Tizón no contempla la protección, señalización e interpretación del yacimiento arqueológico, imprescindibles, lo que implica una inversión adicional de alrededor de 1,6 millones de euros, equivalente a la ya realizada, puesto que, alerta, la situación actual del yacimiento supone un potencial peligro para las visitas, especialmente, de niños y personas de edad avanzada.
Sostiene García Aranda que, según el estudio de viabilidad económica del proyecto, el modelo de explotación que realizó García-Tizón supondría pérdidas anuales de entre 100.000 a más de 400.000 euros en todos los casos estudiados y que van desde el más favorable a otros más prudentes y realistas. Un condicionante muy negativo para el proyecto es la prohibición de visitar el yacimiento en primavera por la parada ecológica que es, precisamente, la temporada con mejores condiciones climáticas y, por lo tanto, la que mayores picos de visitantes.
“Se desaconseja, incluso, la vista al yacimiento arqueológico hasta que se realice sobre el mismo una intervención específica dirigida a garantizar la seguridad de los visitantes y a proteger el patrimonio en las áreas ya excavadas o pendientes de excavación”.
Aranda concluye afirmando que “García-Tizón aprobó, incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental, el proyecto de Vascos, de varios millones de euros y del que dejó gastados 1,6 millones y adjudicados otros 1,5 millones de euros saltándose la Legislación de Contratos y Estabilidad Presupuestaria por no hacer el obligatorio estudio de viabilidad”. “Un proyecto para uno de los lugares arqueológicos más importantes de Castilla-La mancha, sin contemplar ni un solo euro para el propio yacimiento y ni un simple cartel explicativo”, añade.
“Un proyecto con expropiaciones que ha obligado a intervenir al TSJ, donde lo más destacable es un buque para navegar un río que no es navegable, en definitiva, el PP ha hecho un proyecto para Vascos de una irresponsabilidad mayúscula, un cúmulo de irregularidades, la antología del disparate, el más clamoroso ejemplo de lo que un presidente de Diputación nunca debería hacer”, finaliza.
Un año recopilando los mini expedientes
El vicepresidente de Servicios Generales y Empleo aseguraba que “ha costado nada más y nada menos que un año recopilar toda la información sobre Vascos que García-Tizón había convertido en mini expedientes para tener una visión global de lo que era un expediente que suponía seis millones de euros”. Asegura Muñoz que un “puzzle de 20.000 piezas hubiera sido más fácil y más rápido de juntar que todos estos mini expedientes en los que habían convertido Cospedal y Tizón Vascos”.
Por ello, afirma que “alguien tendrá que explicar, dar muchas explicaciones, quizá no solo desde un punto de vista político, de por qué convirtieron Vascos en migajas, lo despedazaron y no quisieron que la ciudadanía viera la complejidad y el volumen de los seis millones de euros que el Partido Socialista ha venido denunciando no solo en estas últimas comparecencias sino en los últimos cuatro años”.
